La OEA pide acelerar los proceso de regularización de venezolanos migrantes.

Una nueva ola de refugiados-migrantes venezolanos llega a la región, recargando aún más los sistemas sociales de los países receptores. Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, luego de los sucesos del pasado 5 de enero en el Parlamento venezolano, más de 200 mil personas cruzaron por los siete puestos fronterizos entre Colombia y Venezuela, en apenas 72 horas.

Betilde Muñoz, Directora del Departamento de Inclusión Social de la OEA, comenta a la Voz de América que la más reciente ola de migrantes llega con un perfil económico agotado, sin bienes en su país y con problemas crónicos de salud. Una de las políticas que tendría mayor impacto positivo sobre éstas personas, es que los países de acogida puedan acelerar el proceso de regularización, con un adecuado censo y clasificación por sexo, edad, condición social y habilidades para trabajar.

“El común denominador de lo que piden los venezolanos es trabajo. Ellos quieren la posibilidad de proveer por sí solos, aunque agradecen la caridad de las personas en los países a los que están llegando, y quieren también la posibilidad de poder ayudar a sus familiares que están quedando en el país”, dice Betilde Muñoz. 

Un llamado similar hace Gianinna Romero, Consultora de la Oficina de Atención a los Refugiados Venezolanos de la OEA, señalando además que, mientras no tengan un trabajo fijo, mujeres y niños son los grupos más vulnerables que corren el riesgo de ser explotados sexualmente.

“No solamente porque ellos pueden contribuir con la economía de los países sino porque las mujeres ya están en un riesgo mayor. El no tener trabajo, el no tener acceso a un trabajo regular las obliga a estar en una clandestinidad que las hace más susceptibles de explotación sexual”, señala Romero.

La Oficina de Atención a los Refugiados Venezolanos de la OEA también informó que están en la etapa final para presentar el proyecto “Casa Venezuela”, con unidades de apoyo que estarán ubicadas en lugares fronterizos. Se comenzará este primer semestre del años en Colombia, Ecuador y Perú.