LOS ANGELES - CIVICUS, una alianza global de organizaciones y activistas que monitorea las libertades cívicas, agregó a EE.UU. a la lista de países que han visto un rápido deterioro de esas libertades, en los últimos meses.

¿La causa? La respuesta de las autoridades ante las manifestaciones de Las Vidas Negras Importan o Black Lives Matter.

“Fueron recibidos con una respuesta militarizada y con una brutalidad policial. Entonces la policía equipada con material antidisturbios recurrió al uso desproporcionado de la fuerza”, explicó Debora Lao, jefa de investigación de CIVICUS. 

A raíz de estos hechos, el presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó una orden ejecutiva introduciendo varias reformas policiales y autorizó al gobierno federal a arrestar y condenar a cualquiera que vandalice o destruya un monumento o propiedad federal. 

Según la investigadora, hubo más de 100 mil personas detenidas, incluyendo miembros de la prensa.

“CIVICUS registró más de 400 agresiones a periodistas en la cobertura de estas protestas. Es parte de un patrón en EE.UU. Hay una creciente hostilidad contra la prensa”, indicó Lao.

Si bien países como Nicaragua y Venezuela no se encuentran en la lista más reciente, la alianza hizo un fuerte llamado ya que la pandemia de COVID-19 exacerbó los graves problemas que ya existían allí. 

“El tema de Nicaragua del acceso a la información sobre el COVID como enfermedad y las medidas a tomar para la enfermedad ha sido terrible”, aseguró Gina Romero, directora ejecutiva Redlad, una organización que hace parte de la alianza.

“Creo que es uno de los más graves del continente. Nos llegaban nos llegaban videos de personas de los diferentes ministerios yendo a zonas rurales o a ciudades pequeñas a decir puerta por puerta que en realidad el COVID no era real”, agregó Romero.

El Ministerio de Salud de Nicaragua, que presenta semanalmente las estadísticas oficiales del avance de la pandemia, asegura que el gobierno mantiene bajo control la emergencia sanitaria. 

En el caso de Venezuela, aseguran que las comunidades indígenas se han visto gravemente afectadas por el nuevo coronavirus.

“Algunas de las comunidades han sido militarizadas. Ha habido unos temas de contagio masivo por la aplicación irregular de pruebas rápidas. En el proceso de aplicación de pruebas rápidas al parecer no se llevaron los protocolos. En realidad se llevó la enfermedad a poblaciones que quizás antes no la tenían”, explicó Romero.

La semana pasada el gobierno en disputa reportó la cifra récord de 351 casos, en un periodo de 24 horas, elevando el total de contagios a 5 130, número que, según legisladores de oposición, no son realistas. 

Mientras tanto, la alianza indicó que en El Salvador se están utilizando los protocolos establecidos a raíz de la pandemia para identificar a activistas y defensores de derechos humanos.

“Entre más o menos mitad de marzo y principios de mayo hubo más de 200 detenciones ilegales en cuarentena y sobre todo centradas o enfocadas en defensoras y defensores de derechos humanos que eran eran identificados porque esas personas iban a comprar medicamentos o a comprar alimentos o reclamar medicamentos y la policía les obligaba a ir a un centro de contención para ser examinado como un proceso o protocolo interno que tiene el país y en el momento en que estaban en el centro de atención eran detenidos legalmente”, dijo Romero.

La Voz de América intentó contactar al portavoz de la presidencia salvadoreña, pero, hasta el cierre de esta nota no había obtenido una respuesta. 

CIVICUS aseguró que seguirá de cerca estos países y planteará sus inquietudes durante la 44.ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.