Los dispositivos "bump stock" permiten a las armas semiautomáticas disparar ráfagas como las ametralladoras.
Una foto del 15 de marzo de 2019, muestra un acelerador de armas en Harrisonburg, Virginia. Los dispositivos fueron prohibidos el 26 de marzo de 2019, decenas de miles fueron destruidos por los propietarios o entregados a las autoridades.

WASHINGTON - El jueves, la Corte Suprema de Estados Unidos se negó a impedir que la administración Trump impusiera su prohibición a los dispositivos de carga, que permiten que las armas semiautomáticas disparen como ametralladoras, conocidos en inglés como bump stocks.

La prohibición entró en vigor el martes. Grupos defensores de las armas de fuego pidieron al tribunal el lunes que impidiera al gobierno hacer cumplir la prohibición por ahora. El presidente del tribunal, John Roberts, rechazó una solicitud para que el tribunal se involucrara el martes y una segunda solicitud fue rechazada por el tribunal el jueves. Esa fue la única petición restante. Los jueces no dijeron nada al rechazarla.

La prohibición de la administración lo coloca en la posición inusual de argumentar en contra de los grupos de derechos de armas. El presidente Donald Trump dijo el año pasado que el gobierno tomaría medidas para prohibir los aceleradores de armas. La acción se produjo después de un tiroteo en Las Vegas en 2017, en el que un hombre armado adaptó los dispositivos a los rifles de estilo de asalto que utilizó para disparar a los asistentes a un concierto desde su habitación de hotel. Al usar los aceleradores, que permiten disparar más rápidamente, el pistolero pudo hacer más de 1,000 disparos en 11 minutos. Cincuenta y ocho personas murieron y cientos resultaron heridas.

La decisión de la administración Trump fue un cambio en la posición de la Oficina Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por sus siglas en inglés). En 2010, bajo la administración Obama, el ATF determinó que los dispositivos eran legales. Pero bajo la administración Trump, los funcionarios revisaron la decisión y la encontraron incorrecta. La regulación revisada, que entró en vigencia el martes, requiere que los propietarios destruyan sus bump stocks o los entreguen. El gobierno estima que se han vendido cientos de miles de aceleradores.

El reglamento revisado se encontró con la resistencia de los defensores de los derechos de las armas, y se presentaron varios juicios para tratar de impedir que la ATF impusiera la prohibición. Pero hasta ahora los tribunales inferiores se han negado a impedir que la administración avance con la prohibición, y la Corte Suprema se negó a involucrarse para detenerla.