En esta imagen del martes 11 de agosto de 2020 se ve el maletín de un encuestador del censo federal en Winter Park, Florida. Un…
En esta imagen del martes 11 de agosto de 2020 se ve el maletín de un encuestador del censo federal en Winter Park, Florida.

NUEVA YORK - Un panel de tres jueces federales de Estados Unidos bloqueó el jueves una orden del presidente Donald Trump que pretendía excluir a las personas que residen ilegalmente en el país del conteo realizado para la redistribución de los distritos legislativos.

Los jueces federales en Nueva York, al emitir un interdicto, dijeron que la orden presidencial emitida en julio era ilegal y que causaría daños que durarían una década. Los jueces prohibieron que el secretario de Comercio, Wilbur Ross, cuyo departamento supervisa el Buró del Censo, excluya a las personas que viven ilegalmente en el país cuando entregue las cifras usadas para calcular cuántos escaños tiene cada estado en la Cámara de Representantes.

De acuerdo con el fallo, la orden presidencial violó las leyes que regulan la ejecución del censo y el proceso para trazar distritos legislativos al requerir que se presenten dos grupos de números, uno con el conteo total y otro que no contemplaría a las personas que viven ilegalmente en el país.

Los jueces dijeron que aquellos que están ilegalmente en el país califican como personas a ser contadas en el estado en que residen. Los jueces declinaron decir si la orden violaba la Constitución.

"A lo largo de la historia de la nación, las cifras utilizadas para determinar las distribuciones del Congreso —en lenguaje de las leyes actuales, 'la población total' y 'número total de personas' en cada estado— han incluido a cada persona que reside en Estados Unidos en el momento del censo, sean ciudadanos o no, y sea que cuenten con estatus legal o sin él", escribieron los jueces.

Las demandas contra la orden presidencial fueron presentadas por una coalición de estados encabezada por Nueva York y varios grupos de derechos civiles. Como las demandas lidian con cuestiones de distribución, fue examinada por un panel de tres jueces que permite que la decisión sea apelada directamente ante la Corte Suprema.

"Es una victoria enorme para los derechos al voto y los derechos de los inmigrantes", dijo Dale Ho, director del Proyecto de Derecho al Voto de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), uno de los grupos que apeló la orden. "El presidente Trump ha tratado y fracasado de nuevo de usar el censo como un arma contra las comunidades de inmigrantes. La ley es clara: cada persona cuenta en el censo".