Nicaragua's President Daniel Ortega and Vice President Rosario Murillo greet supporters during an event to commemorate the 40th…
Daniel Ortega pretende que los que reciban aportes económicos del extranjero, tengan que rendir cuenta de esos fondos ante el Ministerio de Gobernación.

MANAGUA, NICARAGUA - La Asamblea Nacional de Nicaragua envió a consulta la iniciativa de “Ley de  Regulación de Agentes Extranjeros” que pretende, según afirman, acabar con la injerencia externa en los asuntos internos del país.

Esta legislación encendió las alertas en las organizaciones sociales y medios independientes de prensa ante el mayor control del Estado, pero además expertos advierten que pone en riesgo la ya debilitada cooperación internacional que recibe el país. 

 El sociólogo y analista político Oscar René Vargas, co-fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), dijo a la Voz de América que la iniciativa de ley afectará directamente la cooperación internacional que recibe el país. 

“Evidentemente que golpea la cooperación internacional porque crea inseguridad y crea desconfianza por parte de la cooperación internacional y la inversión extranjera, porque ven que el deterioro de la gobernabilidad del país se incrementa día a día¨, explicó Vargas.

Mientras el ex contralor General de la República, Agustín Jarquín Anaya, sostiene que el posible retiro de algunos organismos de cooperación internacional también tendrá incidencia en la economía del país. 

“Ese dinero no entra al país, y con todo y todo, con ese dinero se contratan bienes y servicios, eso tiene un impacto en la economía local, ya no se van a contratar gentes, ya no se van a pagar alquileres, ya no se van a pagar servicios, ya no se van a dar hacer cosas que se hacía con esa cooperación, independientemente del uso que se esté haciendo de esa cooperación. 

 El gobierno del presidente Daniel Ortega sostiene que la iniciativa de ley busca proteger al pueblo de Nicaragua de toda injerencia extranjera en asuntos internos que pueda ser utilizada para realizar actividades que pongan en riesgo la seguridad del Estado.

Opositores y periodistas independientes afirman por su parte que el gobierno busca controlar los financiamientos externos que han recibido tanto organizaciones de la sociedad civil como algunos medios de comunicación, ante la crisis económica que vive el país.