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El CPJ pide a autoridades panameñas desembargar activos del diario La Prensa


Un vendedor anuncia los periódicos La Prensa y Crítica en Ciudad de Panamá, Panamá. Foto de archivo del 15 de julio de 2002.
Un vendedor anuncia los periódicos La Prensa y Crítica en Ciudad de Panamá, Panamá. Foto de archivo del 15 de julio de 2002.

El Comité para la Protección de los Periodistas pidió a las autoridades panameñas que devuelvan al diario La Prensa el acceso a sus activos, embargados tras una demanda judicial interpuesta por el expresidente Ernesto Pérez Balladares.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) instó este lunes a las autoridades panameñas a devolver al diario La Prensa el acceso a sus fondos financieros, que le fueron bloqueados tras perder un litigio ante un expresidente del país.

“Las autoridades panameñas deben restituir inmediatamente el acceso de Corporación La Prensa a sus activos financieros, y garantizar que las acciones legales no censuren a la prensa”, declaró mediante un comunicado esta prestigiosa organización que defiende a libertad de prensa en el mundo.

El CPJ, con sede en Nueva York, ha hecho sonar las alertas ante un hecho que tiene varios precedentes, pues políticos panameños hacen uso de este recurso con cierta frecuencia.

“Recurren a las demandas por difamación para intimidar a la prensa”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica de la CPJ.

El pasado 4 de julio, un juzgado civil istmeño ordenó embargar los activos y cuentas bancarias de Corporación La Prensa, propietaria de La Prensa y Mi Diario, valorados en 1,13 millones de dólares.

La demanda tiene origen en un caso civil por difamación, interpuesta por el expresidente Ernesto Pérez Balladares, según explicó el CPJ.

“Al quitarnos la posibilidad de acceder a nuestras cuentas, nos quitan la capacidad de pagarles a nuestros empleados y adquirir insumos. Es un claro intento de censura”, declaró por vía telefónica al CPJ Rita Vásquez, directora de La Prensa.

Por ello, el CPJ lanzó un enérgico llamado: “El Poder Judicial panameño debe liberar los activos de la Corporación La Prensa y no permitir que poderosas figuras utilicen el sistema judicial para limitar la libertad de prensa”.

Pérez Balladares fue presidente de Panamá entre 1994 y 1999, e interpuso la demanda por difamación en 2012. La queja sostiene que varios artículos de La Prensa publicados en marzo de 2011, que informaban que él podía enfrentar una nueva investigación penal por presunto blanqueo de capitales, eran erróneos.

Además, la parte acusatoria dijo que tales publicaciones “desprestigiaban su imagen nacional e internacionalmente, y le habían causado daño moral”, según un comunicado publicado en el sitio web de Pérez Balladares.

El expresidente solicitaba inicialmente una indemnización de 5,5 millones de dólares por daños y perjuicios.

Vásquez, la directora del medio de prensa, declaró al CPJ que los artículos publicados en marzo de 2011 citaban como fuente a un fiscal, quien había señalado la existencia de vínculos entre el expresidente y una cuenta de 176 millones de dólares en un banco de las Bahamas, lo cual posteriormente se demostró que era inexacto.

La Prensa publicó entonces las declaraciones de los abogados de Pérez Balladares, quienes desmintieron la noticia.

Diego Quijano, presidente del Directorio de Corporación La Prensa, declaró en conferencia de prensa celebrada el 5 de julio que la empresa enfrenta 12 demandas civiles y 22 demandas penales por parte de políticos críticos de sus cabeceras, entre ellos Pérez Balladares y Ricardo Martinelli, otro expresidente, por un monto de 84 millones de dólares en multas e indemnizaciones.

“El sistema panameño está siendo utilizado por todo el que tenga los recursos para silenciar la voz de la gente o los medios que no piensen de la misma manera”, concluyó Vásquez sus declaración al CPJ.

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