Passengers at San Oscar Romero International Airport in San Luis Talpa, El Salvador, wear face masks as a precaution against…
Pasajeros en el aeropuerto Oscar Arnulfo Romero, de San Salvador, usan mascarillas de acuerdo a las normativas de prevención del COVID-19.

El gobierno de El Salvador podría ser denunciado por presunto desacato judicial al insistir en que las aerolíneas pidan a los pasajeros, sean salvadoreños o extranjeros, que presenten un examen de coronavirus de menos de 72 horas de expedido, a pesar de una orden judicial que ordenó lo contrario.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema salvadoreña había emitido el 11 de septiembre una resolución en contra de la medida gubernamental, señalando que a pesar de que un salvadoreño esté contagiado con el coronavirus, no se le puede negar el derecho de regresar a su país, según la Constitución.

No obstante, el gobierno del presidente Nayib Bukele ha insistido en la medida por lo que algunos expertos legales dicen que esto podría culminar en un desafuero del mandatario, según reportó el lunes el diario salvadoreño La Prensa Gráfica.

René Hernández Valiente, abogado constitucionalista y ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, dijo a La Prensa Gráfica que esta situación da “una sensación de absoluta inseguridad jurídica y de abuso de las medidas”. Según Hernández, el gobierno estaría camuflando su responsabilidad al pedir que sean las aerolíneas las que exijan la prueba negativa de Reacción en Cadena de Polimerasa o PCR, por sus siglas en inglés.

“El Fiscal General de la República (Raúl Melara) ante estos hechos totalmente notorios tendría que estar investigando porque a él le corresponde ante estos actos arbitrarios que son delitos”, manifestó Hernández.

Enrique Amaya, otro abogado constitucionalista consultado por La Prensa Gráfica, dijo que el Ministerio de Salud puede establecer requisitos para entrar al país, pero lo que no puede hacer es impedirle el ingreso a un salvadoreño.

“Pueden imponer medidas sanitarias, pero lo que no pueden hacer es que si una persona trae la prueba y no satisface al funcionario de Migración los términos en los que la ha traído, no dejarla entrar. Le deben dar una salida alternativa como tomarle la prueba en el aeropuerto u ordenarle una cuarentena domiciliar”, considera Amaya.

Los abogados también señalaron como ilegal, la multa de 6.000 dólares por cada pasajero a las aerolíneas que rehusen pedir la prueba de PCR, ya que no existe ninguna ley que soporte dicho requerimiento.

La abogada Ruth Eleonora López dijo al medio salvadoreño que para multar a las aerolíneas se debe seguir un proceso, que no es automático, y en el cual las multas y otras decisiones son recurribles ante los tribunales.

El abogado Ramón Morales, dijo también al diario, que las autoridades salvadoreñas han caído en el delito de desobediencia al mandato judicial.

Morales afirmó que el ministerio público debería de actuar oficiosamente y no lo está haciendo atenido a que la Sala de lo Constitucional le libre un oficio donde le diga que considera que se ha irrespetado la resolución para que, con base en eso, tome acción pidiendo el antejuicio contra el Presidente de la República, Nayib Bukele, para que la Asamblea Legislativa lo desafuere.

“Si el Fiscal no cumple, él también está cayendo en un delito por omisión en el cumplimiento de los deberes propios del cargo”, apunta el experto.

Al cierre del reportaje de La Prensa Gráfica, el Fiscal Melara no se había pronunciado al respecto y según el diario, la más reciente actividad en su cuenta de Twitter era una recomendación sobre una serie en Netflix.

El gobierno del presidente Bukele ya había entrado en conflicto en meses pasados con la Corte Suprema de El Salvador luego que esta se pronunciara en contra del toque de queda impuesto para forzar a la población a respetar el confinamiento ordenado ante la pandemia del COVID-19. La Corte falló en ese momento que el presidente Bukele invocó poderes que sólo le corresponden a la Asamblea Nacional.