“Alerta” democrática en Nicaragua por embargo al Canal 12 y posible ley contra crímenes de odio

El embargo millonario contra el Canal 12 y la promoción de una reforma legal para condenar a opositores a cadena perpetua por presuntos crímenes de odio en Nicaragua, han generado una “alerta” entre los detractores del presidente Daniel Ortega, a 14 meses de la elección que definirá si continúa o no en su cargo.

Ortega, presidente desde 2007, refrendó el martes pasado la idea de una normativa legal que contemple cadena perpetua para crímenes de odio, categoría en la que enmarcó los brutales asesinatos de dos niñas y sus posteriores agresiones sexuales por un hombre en el Caribe de Nicaragua.

Aprovechó su iniciativa, sin embargo, para opinar que sus opositores han cometido crímenes de odio de esa talla contra el pueblo nicaragüense.

La semana pasada, también se conoció que un juez de Managua notificó al Canal 12, de línea editorial independiente, sobre un embargo de los bienes del medio de comunicación y de la familia propietaria por un reparo fiscal de la Dirección General de Ingresos.

Las fuerzas democráticas del país centroamericano interpretan ambos hechos como las últimas evidencias de que Ortega se ha “desbocado” en sus funciones.

“Esta dictadura no parece ceder. Está desbocada”, diagnostica José Dávila, economista y analista político, integrante de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, en declaraciones a la Voz de América.

Dávila también identifica la “persecución contra los independientes” luego de una reciente protesta de al menos 2.000 manifestantes, que consistió en pegar carteles con la imagen de Ortega y la frase “se va” en 132 municipios.

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Los ataques contra movimientos democráticos y la libre prensa ocurren en un momento en que el gobierno está “obligado” a hacer reformas electorales de cara a las presidenciales de noviembre de 2021, subraya.

“Estamos alarmados, porque el tiempo camina. Si no hay reformas electorales profundas, no habrá elecciones transparentes libres”, opina.

Dávila no observa señales positivas en la misión de allanar el camino a unos comicios presidenciales que reflejen auténticamente la opinión popular. “Se ha agravado la situación. Hemos declarado una alerta política nacional”, dice.

“Ídolo con pies de barro”

Para Félix Maradiaga, académico, activista y político nicaragüense, el gobierno de Ortega no constituye una democracia. Y nota su “radicalización”.

“Hay la desesperación de un régimen que describo como una especie de ídolo con pies de barro”, considera, en entrevista con la VOA, antes de puntualizar que el presidente de Nicaragua ya no dispone de los mismos recursos económicos con que contó entre 2007 y 2014.

Aquellos fondos -aproximadamente 4.700 millones de dólares, según Maradiaga- alimentaron el “clientelismo” y el “control social”, asegura.

Califica el caso del Canal 12 como una política de “terrorismo fiscal”, aunque celebra “la labor heroica” que aún sigue ejerciendo la prensa independiente.

A su juicio, Ortega viste hoy “un ropaje cuasi democrático” y mantiene “cierta formalidad política” para simular una democracia.

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Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, criticó esta semana el embargo al Canal 12 de Nicaragua y acusó a Ortega de convertirse en el dictador que una vez enfrentó.

Maradiaga estima que la presidencia de Ortega puede analizarse en tres momentos: la primera fase, la que lo llevó al poder gracias a un pacto que privilegió a los sandinistas en 2000. Su llegada al poder, en 2007, con una posterior reforma constitucional “hiperpresidencialista”, y la actual.

“De 2016 en adelante, hubo la consumación absoluta de una dictadura, sin ningún descaro”, interpreta Maradiaga, codirector y fundador de Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas.

"Estado crítico"

Esta semana, la Oficina de la Alta Comisionada para Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, denunció la privación arbitraria de la libertad de 94 opositores en Nicaragua.

Bachelet reportó el lunes en Ginebra que no ha observado “avances” en la situación de derechos humanos ni muestras de Ortega para abordar “constructivamente” la resolución de la crisis originada en 2018.

Dávila coincide en la evaluación. “Esto está muy crítico”, expresa, mientras hace un balance de la recaptura de presos políticos y la persecución a la prensa.

Insiste en que el reparo fiscal contra el Canal 12, de 21 millones de córdobas o aproximadamente 606.000 dólares, reviste la intención de silenciar a una planta televisiva cuya línea independiente es, a su entender, “voz opositora”.

Lamentó, además, el discurso “desfasado, radical” de Ortega durante los actos oficiales del 15 de septiembre, donde mencionó la ley contra crímenes de odio.

“El gobierno de Ortega es una cosa especial, mucho más grave que las dictaduras militares de los años 60. Es comparable, un poco, con Venezuela: Ortega quiere reelegirse, ha controlado todos los poderes, ha controlado la Fuerza Armada, tiene fuerzas de choque que atacan a los opositores”, examina.

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Como Dávila, Maradiaga cree que la esperanza de la oposición para derrotar a Ortega radica en la unificación de los movimientos y partidos que le enfrentan.

“Hay que ser francos, humildes. Falta trabajar con mayor rigor con una unidad plena, que no se ha alcanzado. Es un tema pendiente”, admite el académico, quien se declara “optimista” con la convicción popular que hay en Nicaragua.

Dávila, a pesar del pesimismo que nota tras la “cadena de ataques” a opositores y la prensa, ve probable que se alcance “la unidad máxima” ante Ortega, incluso con la participación de partidos que colaboraron con él en el pasado.