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Presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.

TEGUCIGALPA - El controversial nuevo código penal de Honduras que, entre otras cosas, reducirá las sentencias de algunos delitos relacionados con la corrupción, entró en vigor el jueves a pesar de un intento de último momento por parte de los legisladores de oposición para derogarlo.

Grupos cívicos y observadores internacionales han criticado las reformas aprobadas mientras varios legisladores y exlegisladores estaban siendo investigados por supuestos actos de corrupción.

En enero, el gobierno hondureño decidió no extender el mandato de una misión anticorrupción patrocinada por la Organización de los Estados Americanos (OEA) que fue el motor de dichas pesquisas.

Los críticos consideran que la implementación del nuevo código penal es un nuevo retroceso del país en el combate a la arraigada corrupción gubernamental.

El abogado penal y ex legislador federal Rasel Tomé dijo que todos los delitos a los que se les redujeron penas en el nuevo código penal son aquellos cometidos por funcionarios corruptos.

Entre los delitos con sentencias reducidas en las nuevas reformas se incluyen aquellos relacionados con la malversación de fondos públicos, abuso de autoridad, tráfico de influencias, fraude y enriquecimiento ilícito.

El nuevo código también presenta la posibilidad de sustituir sentencias en prisión con medidas menos restrictivas en caso de que el acusado reembolse el dinero y sea condenado a menos de cinco años de cárcel, señaló Tomé.

El convenio entró en vigor el 19 de enero del 2016 sumando así 3 años de investigaciones orientadas a esclarecer casos de corrupción en Honduras. Foto: Oscar Ortiz/VOA.
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Human Rights Watch advirtió meses atrás que el nuevo código penal podría “criminalizar el ejercicio legítimo de los derechos a manifestarse y a reunirse libremente”, con definiciones vagas de delitos como los disturbios públicos.

Dagoberto Rodríguez, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, dijo que a su organización le preocupa que la ley entre en vigor debido a que algunos de sus elementos parecen infringir la libertad de expresión y la libertad de prensa, además de criminalizar la labor de los medios de comunicación.

El Congreso aprobó las reformas en enero de 2018 después de varios años de debate. El miércoles por la tarde, legisladores de oposición intentaron convocar a una sesión especial del Congreso y votaron para derogar la nueva ley. Sin embargo, el abogado constitucional Juan Carlos Barrientos dijo que la acción fue invalidada.

El secretario de Estado en el Despacho de la Presidencia, Ebal Díaz, dijo que de cualquier forma recibiría y revisaría una petición de los legisladores de oposición. Los representantes legales del Congreso presentaron una denuncia ante el Ministerio Público el jueves en la que acusan usurpación de poderes, abuso de autoridad y otros delitos.

El presidente Juan Orlando Hernández, quien se encuentra hospitalizado por un cuadro de neumonía después de haber sido diagnosticado con COVID-19, ha sido acusado por fiscales federales de Estados Unidos de aceptar dinero del narcotráfico para promover su carrera política. El mandatario ha rechazado las acusaciones y no se le han presentado cargos formales.