Manifestantes antigubernamentales exigen la renuncia del presidente Daniel Ortega y la liberación de presos políticos en Managua, Nicaragua, el domingo 22 de julio de 2018. Las protestas antigubernamentales comenzaron a mediados de abril por los recort...
Manifestantes antigubernamentales exigen la renuncia del presidente Daniel Ortega y la liberación de presos políticos en Managua, Nicaragua, el domingo 22 de julio de 2018. Las protestas antigubernamentales comenzaron a mediados de abril por los recort...

MANAGUA - Las autoridades nicaragüenses han arrestado "arbitrariamente" a cientos de personas en una continua represión de una ola de oposición que pide la expulsión del presidente Daniel Ortega, dijeron grupos de derechos el lunes.

Muchos de los detenidos fueron capturados bajo sospecha de participar en marchas contra el gobierno de Ortega o de brindar ayuda a quienes agitaban contra el presidente, dijo el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.

El grupo de derechos humanos dijo que 292 personas habían sido asesinadas en tres meses de protestas y represión por parte de la policía y los paramilitares que usaban armas de fuego, lo que aumentó el número de víctimas.

El centro dijo que no tenía una cifra de los detenidos porque los números seguían cambiando entre los detenidos por tal vez uno o dos días, algunos liberados después de un período y otros detenidos.

Otro grupo, la Comisión Permanente de Derechos Humanos, dijo que ha recibido informes de familiares de 150 personas arrestadas y otro número similar que se dice son mantenidos en contra de su voluntad.

La Asociación Nicaragüense de Derechos Humanos, mientras tanto, dijo que había recibido informes de unas 700 personas detenidas.

El obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, dijo: "Imploramos, en nombre de Dios, que cese esta caza de jóvenes ... No es posible criminalizar a las personas por protestar y tratarlas como terroristas".

Los detenidos podrían correr el riesgo de ser enjuiciados según una nueva ley que establece sentencias de 15 a 20 años de prisión por delitos que se consideran "terrorismo". Los detractores dicen que temen que se aplique a los manifestantes antigubernamentales.