Previo al inicio de las conversaciones que ambas parten insisten en llamar "negociación", varios microbuses del Sistema Penitenciario, escoltados por camionetas con policías fuertemente armados, salieron en las primeras horas del día de la cárcel Modelo.
Previo al inicio de las conversaciones que ambas parten insisten en llamar "negociación", varios microbuses del Sistema Penitenciario, escoltados por camionetas con policías fuertemente armados, salieron en las primeras horas del día de la cárcel Modelo.

Representantes del gobierno y de la oposición de Nicaragua se sentaron el miércoles frente a frente en una nueva mesa de diálogo para intentar resolver la grave crisis que afecta al país desde abril pasado y que dejó al menos 325 muertos, 2.000 heridos, cientos de presos y más de 50.000 exiliados.

La reunión comenzó sobre las 10:30 hora local en la sede del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), un centro de negocios al sur de Managua, bajo un completo hermetismo y sin acceso a la prensa. El primer día previsiblemente iba a estar destinado a definir la agenda y el mecanismo de las conversaciones.

El presidente Daniel Ortega no asistió a la sesión. Los negociadores del gobierno son el canciller Denis Moncada, el magistrado judicial Francisco Rosales y los diputados Edwin Castro, Wilfredo Navarro y José Figueroa, además del dirigente estudiantil Luis Andino.

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En la delegación opositora figuran los empresarios José Adán Aguerri, Mario Arana y Juan Sebastián Chamorro, el catedrático Carlos Tunnermann, el político José Pallais y el líder universitario Max Jerez. El nuncio apostólico Waldemar Sommertag y el cardenal Leopoldo Brenes, presidente de la Conferencia Episcopal, asisten en calidad de testigos.

La libertad de unas 750 personas que la Alianza Cívica registra como "presos políticos" figura como primer punto en agenda de los opositores. Otros temas prioritarios serían la restauración de la libertad de prensa y de movilización, una reforma electoral que permita adelantar las elecciones de 2021 y un plan de "justicia transicional" para las víctimas de la represión estatal y sus familias.

Si bien el gobierno no ha dado a conocer su agenda, la prensa oficial difundió una encuesta en la que un 80 por ciento de los consultados pedían "resolver los problemas económicos" derivados de la crisis, que según las autoridades ha dejado pérdidas calculadas en más de 1.600 millones de dólares.

Previo al inicio de las conversaciones que ambas parten insisten en llamar "negociación", varios microbuses del Sistema Penitenciario, escoltados por camionetas con policías fuertemente armados, salieron en las primeras horas del día de la cárcel Modelo, en el sector norte de la capital, llevando en su interior a varios prisioneros, entre ellos el maratonista Alex Vanegas, arrestado hace dos meses por participar en manifestaciones opositoras.

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Todos ellos habían sido detenidos por haber participado en protestas contra el presidente Ortega como parte de la rebelión estudiantil que estalló el 18 de abril de 2018.

Horas después el gobierno informó que se había concedido la libertad condicional a 100 prisioneros. El Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos había estimado poco antes que los liberados eran menos de 60, en su mayoría adultos mayores o con problemas de salud.

"¡Viva Nicaragua libre, si la patria es pequeña uno grande la sueña!", exclamó desde la ventanilla del microbús Alex Vanegas, de 61 años y detenido seis veces por la policía.

Otros pasajeros no identificados, vestidos con uniformes de presos, agitaban pequeñas banderas de Nicaragua, según videos que circularon en las redes sociales.

Ningún líder de los estudiantes universitarios ni del movimiento campesino ha sido liberado hasta ahora, según la prensa local.

La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), por su parte, dio a conocer una lista de 51 personas excarceladas bajo libertad condicional, a quienes les dará acompañamiento.

El mismo martes, el Parlamento controlado por el gobernante Frente Sandinista aprobó por mayoría y de forma general una polémica reforma tributaria que gravaría los precios de los principales productos de la canasta básica, incluyendo alimentos, y que ha sido calificada por el sector privado como "un grave golpe a la economía nacional".

La aprobación de la reforma causó sorpresa pues se suponía que existía un acuerdo entre Ortega y los empresarios para mantenerla en suspenso, en dependencia del resultado de las negociaciones.

Según el ex general Hugo Torres, vicepresidente del disidente Movimiento de Renovación Sandinista, Ortega "pretende doblegar a los empresarios" para que accedan a negociar el tema fiscal, dejando a un lado importantes reclamos de los opositores, como la liberación de todos los detenidos y la discusión de una reforma electoral.