A pesar de las críticas, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, defendió esta semana su idea de cómo hacer frente al coronavirus, que ha sido criticada dentro y fuera de la nación centroamericana.
A pesar de las críticas, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, defendió esta semana su idea de cómo hacer frente al coronavirus, que ha sido criticada dentro y fuera de la nación centroamericana.

WASHINGTON DC - El gobierno de Estados Unidos sancionó el viernes al comandante del ejército y al ministro de Hacienda de Nicaragua, por su apoyo al gobierno del presidente Daniel Ortega, al que señalan por corrupción y ataques violentos a la oposición. 

La Oficina de Control de Activos Extranjeros  (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento de Tesoro congeló los propiedades e intereses que Julio César Avilés e Iván Adolofo Acosta tienen en EE.UU. y prohibieron que estadounidenses hagan negocios con ellos. 

“La continua violación de derechos humanos, corrupción flagrante y violencia generalizada del regimen de Ortega contra el pueblo nicaragüense es inaceptable”, dijo el secretario de Tesoro, Steven Mnuchin en un comunicado. 

EE.UU. acusa a Avilés de rehusarse a desmantelar las fuerzas paramilitares durante las protestas de abril del 2018, que resultaron en enfrentamientos y la muerte de más de 300 personas.

“El ejército entregó armas a las fuerzas parapoliciales que llevaron a cabo actos de violencia contra el pueblo nicaragüense”, explicó Tesoro.

Por su parte, Costa es señalado por proveer apoyo financiero al gobierno de Ortega, contra el que EE.UU. ha impuesto decenas de sanciones a funcionarios de alto rango, y de amenazar a los bancos que participaran en un huelga organizada por la oposición en marzo del 2019.

A principios de marzo, el Departamento de Tesoro sancionó a la policía nicaragüense y a tres de sus comisionados, acusando a la institución por violaciones de derechos humanos. 

Ortega ha criticado la política de Washington contra su gobierno y ha señalado a la oposición de “entregar su pueblo a los imperialistas”.

El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, aseguró en un comunicado que su gobierno "continuará aplicando presión al régimen de Ortega hasta que pare de oprimir al pueblo nicaragüense". 

"La represión del régimen de Ortega no seguirá", añadió Pompeo en su cuenta de Twitter. 

 ¿Quiénes son los sancionados? 

 

Iván Adolfo Acosta Montalván, es el Ministro de Hacienda y Crédito Público de Nicaragua desde febrero de 2012. Su función es dirigir las finanzas públicas en apoyo a las políticas nacionales. Es también miembro titular del Consejo del Banco Central.

Acosta es uno de los principales miembros del gabinete presidencial de Nicaragua y es quien coordina el Presupuesto General de la República.

Un año después de las protestas antigubernalmentales de abril de 2018, el presupuesto de Nicaragua se vio afectado y Acosta lo atribuyó a un supuesto intento de “golpe de Estado” de la oposición, avalando así el discurso del ejecutivo.

Acosta también amenazó a entidades financieras que se sumaran a “paros nacionales” que fueron convocados por el sector privado durante el punto más álgido de las protestas” contra el presidente Daniel Ortega.

Acosta es un funcionario escueto y poco accesible con la prensa independiente de Nicaragua. Ha laborado para el Ministerio de Hacienda y Crédito Público desde el año 2007; desempeñando cargos de Secretario General y viceministro de dicha cartera.

El Ministro de Hacienda es graduado en Economía, y además Abogado y Notario Público, con Maestría en Derecho Empresarial

El general Julio César Avilés es el jefe de las Fuerzas Armadas de Nicaragua y una de las principales piezas claves del presidente Daniel Ortega.

Recientemente inició su tercer mandato consecutivo al frente del Ejército de Nicaragua en donde durante su discurso manifestó su lealtad al mandatario sandinista acusado por organismos internacionales de haber cometido crímenes de lesa humanidad contra manifestantes en 2018.

Avilés asumió como comandante en jefe del Ejército en febrero de 2010. Bajo su mando se instauró la reelección militar propiciada por el presidente Ortega, algo que generó críticas por expertos en seguridad pública de Nicaragua que catalogaron como “atípico” el cambio.

Desde su período se realizaron graves denuncias por ejecuciones extrajudiciales contra campesinos en Nicaragua, algo que fue negado rotundamente por la institución que dirige.

La más emblemática fue la ejecución de dos niños en 2017 en una comunidad remota de Nicaragua. La madre denunció que el Ejército de Nicaragua ejecutó a los menores.

Durante las protestas antigubernamentales, grupos opositores le solicitaron el desarme de grupos armados conocidos como “paramilitares”. Avilés se negó aduciendo que la institución que dirige no tiene base legal, ni estructura ni equipamiento para desarmar a los grupos parapoliciales.

Sin embargo, en las protestas que iniciaron en abril de 2018, a las fuerzas parapoliciales que se dedicaron, junto a la Policía, a desmantelar los tranques y barricadas, se les vio con armamento militar como lanzacohetes RPG-07, ametralladoras PKM, fusiles AK-47 y el Dragunov, M-16, entre otras. Armas en propiedad del Ejército de Nicaragua.