Consejo Supremo Electoral Managua
Los expertos dicen que el Consejo Supremo Electoral no tiene facultades para modificar lo establecido previamente en la Ley Electoral de Nicaragua.

MANAGUA - El Poder Electoral de Nicaragua emitió el martes una resolución en la que extiende el plazo a las organizaciones políticas para que puedan obtener la personería jurídica para la formación de nuevos partidos. 

La resolución publicada en el diario oficial La Gaceta, establece que las organizaciones que aspiren a tener un partido podrán completar los requisitos legales hasta cinco meses antes de la fecha estipulada para la celebración de los comicios nacionales, previstos para noviembre de 2021.

El fallo electoral alude a los efectos de la pandemia de COVID-19, que “ha venido a limitar a algunas organizaciones sociales, incluyendo las que conllevan a la certificación de la personalidad jurídica, para participar en los próximos comicios”.

No obstante, el artículo 77 de la Ley Electoral de Nicaragua establece que, para la presentación de candidatos, los partidos políticos deberán haber obtenido su personalidad jurídica al menos 12 meses antes de la fecha de las elecciones.

El abogado y jurista opositor José Pallais señala que la resolución es un “adefesio jurídico”, pues el Consejo Supremo Electoral (CSE) no tiene facultades para modificar lo establecido previamente en la Ley Electoral de Nicaragua.

“El Consejo Supremo Electoral no tiene facultad para reformar la ley y menos una ley de carácter constitucional como es la Ley Electoral”, explicó el jurista.

El jurista nicaragüense José Pallais.

Pallais dijo que el procedimiento correcto es hacer reformas a la Ley Electoral y eso es algo que le compete a la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo.

“La actuación de los magistrados es ilegal, es ilegítima e inconstitucional. Con esto se denota que no hay respeto por el estado de derecho ni voluntad de cambio. Pretenden seguir jugando en la ilegalidad y no resolver los problemas de fondo que requieren una reforma electoral con todas las fuerzas del país”, agregó el jurista.

La constitucionalista María Asunción Moreno coincide con Pallais y dijo que la resolución jurídicamente es ilegal e inexistente. “Toda disposición contraria a una norma constitucional no tiene validez alguna”.

“Con esta resolución, lo que el CSE pretende de forma ilegal es limitar o restringir la participación en las elecciones del 2021, lo cual constituye una clara violación a los derechos políticos de los nicaragüenses reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en materia de derechos “, expresó Moreno.

Advierten de estrategia para dividir a la oposición

La oposición nicaragüense, por su parte, criticó la resolución del Poder Electoral y advirtió que es una estrategia política del gobierno del presidente Daniel Ortega para dividir los esfuerzos de unidad logrados hasta el momento.

“Realmente lo que encontramos es un señuelo para la oposición para ver si alguien pica ese señuelo. Están viendo de qué manera logran ellos dos o tres partidos de grupos que estén inconformes con la Coalición Nacional y juntarlos a todos en otro polo. O sea, dividirlos”, dijo el analista político Eliseo Núñez.

Núñez explica que la estrategia del mandatario sandinista es dividir el voto y por eso se ha dejado una brecha corta de cinco meses antes de las elecciones para otorgar personalidades jurídicas a nuevos partidos.

“Pretenden dividir y extender los tiempos hasta cinco meses antes de las elecciones generales; una reforma seria contempla una reforma total a la ley electoral, pero vemos una mala intensión en esto”, añade Núñez.

La Coalición Nacional, una de las organizaciones opositoras más grandes de Nicaragua, rechazó la resolución del Consejo Electoral.

La Coalición Nacional, donde convergen al menos siete organizaciones opositoras se pronunció al respecto demandando reformas electorales profundas, no cosméticas “ni amagos que buscan favorecer a más partidos zancudos”, en referencias a partidos aliados al presidente Daniel Ortega.

“La extensión del período para solicitar nuevas personerías jurídicas, elaborada por magistrados espurios, carece de facultades para reformar leyes de rango constitucional, como decreta la Constitución de la República, incluyendo al presidente del CSE, sancionado hace unos meses por Estados Unidos por su implicación en abusos de derechos humanos”, escribió la Coalición Nacional en un comunicado.

Señalan al Consejo Electoral de estar subordinado a Ortega

Mientras tanto, una de las organizaciones que fue despojada de su personalidad jurídica, el Movimiento Renovador Sandinista (MRS) criticó la resolución del poder electoral y acusó a los magistrados de estar viciados.

“En Nicaragua nadie puede obtener personalidad jurídica como partido político si no cuenta con el visto bueno de la dictadura. El MRS rechaza la resolución que ha emitido el Consejo Supremo Electoral subordinado al régimen de los Ortega Murillo, para extender el plazo para la obtención de personalidad jurídica de partidos políticos”, señaló el movimiento.

Recordó que aún esperan una resolución de su demanda ante la Corte Suprema de Justicia con relación a la cancelación de su personalidad jurídica desde 2008 y el Partido Acción Ciudadana (PAC) sobre un presunto litigio, que mantiene en suspenso sus derechos

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“El MRS rechaza las migajas que el régimen de los Ortega Murillo deja caer de la mesa y reafirma su compromiso con el logro de verdaderas condiciones para elecciones que le permitan al pueblo nicaragüense decidir, limpiamente, acabar con esta dictadura y restablecer la democracia”, concluye el MRS.

Empresarios rechazan resolución

Por su parte, el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), que aglutina a los distintos sectores de la economía, dejó claro su rechazo a la resolución del CSE e insistió en que se deben realizar profundas reformas electorales, tal y como se acordó en el dialogo realizado tras las protestas de abril del 2018.

"La resolución publicada deja en evidencia la falta de voluntad institucional del CSE de contribuir a reencauzar el orden constitucional a través de un proceso electoral que involucre a todos los sectores políticos y sociales del país y de establecer una ruta que garantice reformas políticas electorales que briden certeza, seguridad jurídica, previsibilidad y transparencia en las diferentes etapas del proceso electoral a realizarse en noviembre del 2021", afirmo el COSEP en un comunicado.

"Al contrario, con esta resolución establecen un precedente nefasto y peligroso al utilizar una resolución administrativa para reformar la Ley Electoral lo cual viola los principios de supremacía constitucional y de legalidad", agrego la cúpula empresarial.

Oficialismo guarda silencio sobre reformas electorales

El gobierno de Ortega no se ha referido a la resolución del Consejo Supremo Electoral. A principios de año, el sancionado presidente del parlamento nicaragüense, Gustavo Porras, dijo a medios oficialistas que ya habían establecido las prioridades de la agenda legislativa para este año, dentro de las cuales se encontraban reformas electorales.

Porras dijo entonces que las reformas serían debatidas con partidos políticos y no organizaciones opositoras, pero no dio más detalles.

“Viene una gran discusión siempre: ¿Quiénes participan? El sistema electoral nicaragüense es basado en los partidos políticos, tenemos un sistema de partidos políticos y está bien establecido, constitucionalmente, incluso la Ley Electoral es una ley de rango constitucional, entonces tenemos que trabajarlo con la participación de todos aquellos que van a participar o que están en el juego político”, expresó Porras.

Actualmente en Nicaragua existen 19 partidos políticos con personería jurídica, gran parte de ellos señalados por la oposición de ser supuestos cómplices del gobierno de Ortega.