"Usted tiene derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra. Tiene derecho a hablar con un abogado. Si no tiene dinero, se le asignará uno de oficio. ¿Entiende estos derechos?".

A través de los años, cientos de series policiales de televisión producidas en Estados Unidos y exportadas a todo el mundo han hecho famosa y de uso común la frase que la policía emplea en el momento de practicar detenciones.

Sin embargo, algunos fallos adoptados por la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, generarán en las próximas dos semanas algunas modificiones a los llamados “Derechos Miranda”. De ahora en más, el derecho a guardar silencio sólo será efectivo si el detenido se lo comunica a las autoridades, así como tampoco la policía deberá ser explícita sobre el derecho de contar con un abogado durante el interrogatorio policial.

Las decisiones del tribunal suponen en la práctica algunas limitaciones a los Derechos Miranda, establecidos en un histórico dictamen de 1966 en respuesta a los interrogatorios a los que fue sometido Ernesto Miranda en relación con un caso de secuestro y violación en Phoenix.

El caso provocó cambios en la relación de la policía, los detenidos y los abogados. Desde el caso Miranda en adelante, la policía se ha visto obligada a decirle a un sospechoso bajo su custodia, que tiene derecho a permanecer en silencio y a ser representado por un abogado, incluso si no tiene dinero para contratar uno.

Los críticos de las decisiones adoptadas por la Corte Suprema sostienen que se está dando marcha atrás con algunos derechos básicos a los que los estadounidenses se han acostumbrado en las últimas décadas y de hecho eliminan ciertas protecciones, según Jeffrey L. Fisher, copresidente de una comisión de la Asociación Nacional de Abogados Defensores en Casos Penales.

"Anulan esos derechos mediante miles de ajustes", sostuvo Fisher. "En los últimos 20 o 25 años la corte se ha hecho más conservadora en temas relacionados con la ley y el orden, ha debilitado los Derechos Miranda y hecho todo lo posible por facilitar que las confesiones que la policía le arranca a los sospechosos sean admisibles como prueba".

Los tres fallos adoptados por la Corte Suprema revelan "el deseo de debilitar las reglas", opinó Kent Scheidegger, director legal de la Fundación Justicia Criminal Legal, una organización que vela por los derechos de las víctimas de delitos. "Pero no creo que estén pensando en anular los Derechos Miranda a corto plazo".

Diferencias en la Corte Surprema

Tras la votación, los comentarios que ofrecieron los jueces de la Corte Surprema, revelan las diferencias en el seno del máximo órgano judicial de Estados Unidos.

Si bien los opositores a los cambios sostienen que la nueva versión aprobada no deja claro que los abogados pueden estar presentes durante el interrogatorio policia, la jueza de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg, explicó que la decisión, aprobada por 7-2, incluye toda la información necesaria.

También la corte dispuso por unanimidad restringir el período durante el cual esos derechos tienen validez y dictaminó por primera vez que un sospechoso puede pedir un abogado en los 14 días siguientes al momento en que deja de estar bajo custodia policial. La versión previa de los derechos indicaba que un sospechoso podía negarse a responder preguntas si no tenía un abogado presente en cualquier momento.

Ahora la policía puede interrogar a un sospechoso que ha pedido un abogado y que ha pasado dos semanas sin estar bajo custodia policial, sin tener que leerle nuevamente sus derechos.

"A nuestro juicio, 14 días son tiempo suficiente para que el sospechoso se vuelva a adaptar a su vida normal, consulte con amigos y asesores legales y supere cualquier residuo de los efectos coercitivos que pueda haber tenido" bajo custodia policial, expresó el juez Antonin Scalia.

En cambio la votación que decidió que un sospechoso debe expresarse y decirle explicitamente a la policía que invoca su derecho a no responder preguntas, del mismo modo que debe informar que quiere un abogado, fue aprobada por los votos de los jueces conservadores por un ajustado 5 a 4.

La votación fue criticada por la jueza de origen puertorriqueño, Sonia Sotomayor, al sostener que la decisión en la práctica anula los Derechos Miranda, ya que coloca a los detenidos en un conflicto.

"Los sospechosos ahora deben invocar inequívocamente su derecho a permanecer en silencio, lo que les exige hablar", manifestó.

"Al mismo tiempo, se presumirá que los sospechosos han renunciado a esos derechos incluso si no dicen claramente que piensan hacerlo", reclamó Sotomayor.

En cambio, James Pasco, de la Orden de la Fraternidad de la Policía Nacional, considera que los cambios facilitarán la obtención de confesiones de sospechosos que no quieren confesar. "Estas decisiones ayudan a buscarle la vuelta a los Derechos Miranda", manifestó.