El gobierno del presidente Bush pidió al estado de Texas que reconsidere los casos de 51 mexicanos condenados a muerte.

Los mexicanos sostienen que se les negó asistencia consular, lo que constituye una violación del derecho internacional.

La medida responde a un dictamen emitido en 2004 por la Corte Internacional de Justicia, en el que señala que las autoridades de Texas no notificaron a los mexicanos sobre su derecho a hablar con funcionarios consulares, luego de su arresto.

Autoridades estadounidenses indicaron en una reciente declaración ante la Corte Suprema de Estados Unidos que cumplir con la decisión del tribunal internacional ayudará a proteger los intereses de los ciudadanos estadounidenses en el extranjero y pondrá de manifiesto el compromiso de Estados Unidos con el derecho internacional.

La decisión se anunció pocas semanas antes de que la Corte Suprema de Estados Unidos considerara el caso de José Medellín, uno de cinco miembros de una banda condenada a muerte por la violación y asesinato de dos niñas texanas, en 1993.