En la modificación a la ley de inteligencia, el Ejecutivo señala necesario limitar el “resquicio legal que permitió generar y retroalimentar vínculos espurios” entre la AFI y algunos sectores de la Justicia. Foto de archivo del 6 de diciembre de 2019.
El presidente argentino, Alberto Fernández, trata de contener una crisis económica donde más del 35% por ciento de la población vive en la pobreza.

NOCHES - En medio de protestas, cuestionamientos y negociaciones con la oposición, los sindicatos y hasta con los empresarios, el presidente Alberto Fernández intenta aprobar en el Congreso un plan de Emergencia para afrontar la crisis económica y social que atraviesa Argentina.

Se discute el congelamiento de tarifas de servicios, la negociación de la deuda externa con el FMI, impuestos, derechos de exportación, restricciones a los gastos en dólares, jubilaciones, planes sociales y sueldos.

En las calles, varios sectores ya advierten que no se le puede dar superpoderes al nuevo gobierno.

“Estoy cansada de los políticos que lo único que hacen es sacrificar al pueblo, y ellos no hacen absolutamente nada, que ellos ganan y nos piden a nosotros que hagamos esfuerzos para ayudar a los pobres. Que dejen ellos sus privilegios”, dijo una mujer argentina consultada por la Voz de América.

El presidente electo Alberto Fernández llega al poder con una economía envuelta en crisis y una pobreza de más del 35 por ciento en Argentina.
Argentina: Alberto Fernández asume la presidencia entre esperanzas y frustraciones
Argentina: Alberto Fernández asume la presidencia entre esperanzas y frustraciones

 

En tanto, el presidente Fernández señaló que “es lógico que algunos se enojen, porque deberán pagar impuestos los que más tienen”.

“Siempre que uno toma este tipo de decisiones, se enojan. Pero lo que deben entender es que el sentido es volver a poner en orden, el enorme desorden que hay en la economía Argentina”, dijo el presidente.

Los diputados de la oposición, como Romina Del Pla, del Movimiento de Izquierda, ya adelantaron que no apoyarán al Poder Ejecutivo, porque “se sigue beneficiando a las grandes empresas”.

“Si los bonistas (tenedores de bonos), el FMI y los acreedores internacionales saludan el proyecto, es porque es contra los trabajadores y los jubilados que son los que a pagar y financiar este pago de la deuda externa, declaró Del Pla.