La representante de la ONU advirtió a los gobiernos de Latinoamérica que el camino a seguir después de la pandemia de COVID-19, es un reto y debe tener como objetivo el enfoque humano, de lo contrario la reconstrucción no será eficaz.
Bachelet catalogó al coronavirus como “la crisis sanitaria más seria de las últimas décadas y viene acompañado de serios impactos sociales y económicos”, los que serán un enorme reto para las sociedades latinoamericanas y los gobiernos, así como instituciones multilaterales.
Las declaraciones de la comisionada se dieron en un evento organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dirigido a los gobiernos y tomadores de decisión de América Latina.
La intervención de Bachelet dejó en claro que los más pobres y los más vulnerables son los más afectados de todos los sectores ante esta crisis.
“El virus no discrimina, pero su impacto residual ha desnudado las enormes desigualdades sociales y económicas de nuestras sociedades”, afirmó la comisionada.
Sus palabras fueron también respaldadas por Luis Alberto Moreno, presidente del BID quien dijo que “esta pandemia ha puesto una luz en tantos problemas que tenía nuestras sociedades. La desigualdad a la pobreza, la migración, la exclusión social, desigualdad de género y como hemos visto recientemente en Estados Unidos al racismo y la violencia policial”.
Es por tal razón que para ambos que se hace evidente que como sociedad se tienen dos deberes esenciales: Superar la epidemia y reconstruirnos mejor.
Temas distintos con un eje central
“Las respuestas van a ser solo eficaces si se centran en los derechos humanos, porque la crisis de la COVID-19 es fundamentalmente una crisis de derechos humanos y ello es evidente en las Américas”, citó Bachelet.
De acuerdo con ella la pandemia ha dado lugar a la violencia contra las mujeres, estigmatiza a los migrantes, a las minorías étnicas y las personas LGTBI y ha causado estragos en las comunidades indígenas; además ha desnudado las desigualdades, la inseguridad del mercado laboral, la falta de inversión en salud publica y sistemas de protección social y las barreras estructurales al acceso al alimento, agua, saneamiento, educación y muchos otros derechos.
Es por ello que la única forma de superar dichos temas requiere acciones decisivas, coordinadas e innovadoras de todos y para todos y “nuestra prioridad debe ser proteger vidas humanas” afirmó la comisionada de la ONU.
Otro punto que se debe tomar en cuenta en este proceso es que todas las medidas de emergencia que se han adoptado para contener el virus tienen que ser proporcionales y temporales para proteger el estado de derecho de todos.
Asegurar que nadie se quede atrás
Es crucial tener en cuenta las devastadores y dispares consecuencias económicas; según Bachelet el impacto total de la COVID-19 todavía no se ha sentido en las economías globales y nacionales.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) reveló recientemente que la pandemia producirá la mayor depresión de la actividad económica de la región. Una caída de 5,3% en el año 2020.
De acuerdo con la institución, los países cuyas economías dependen en gran parte del turismo, de exportaciones e industria de manufactura serán tremendamente afectados. Habrá un incremento en el número de personas desempleadas en unos 11,6 millones aproximadamente y 28,7 millones de personas afectadas con pobreza y 16 millones con pobreza extrema.
Bachelet afirma que estas cifras alertan sobre la magnitud del desafío al que Latinoamérica se enfrenta, además de otros problemas que ya se veían en algunos países antes de la pandemia, como el bajo crecimiento económico y el alto nivel de endeudamiento, así también la falta de acceso a la salud, educación, alimento, agua y medicinas.
“Banderas rojas y blancas afuera de las casas de muchas personas en diferentes países haciendo un llamado a que carecen de alimentos demuestran que esta es una realidad nueva para la cual los países tienen que prepararse”, estima y agrega que de no respetar el derecho a la protesta pacifica y escuchar sus exigencias solo contribuirá a una falta de confianza en los gobiernos y mayor fragmentación dentro de los países.
Los países de bajos ingresos y afectados por conflictos tienen menos posibilidades de poder responder de manera efectiva, debido a la debilidad de los sistemas de salud y protección social.
