El embajador de Estados Unidos en El Salvador, Ronald Johnson, destacó la labor ambos países contra la corrupción tras la deportación de EE.UU. del exdiputado salvadoreño Roberto Carlos Silva Pereira.
El embajador de Estados Unidos en El Salvador, Ronald Johnson, destacó la labor ambos países contra la corrupción tras la deportación de EE.UU. del exdiputado salvadoreño Roberto Carlos Silva Pereira.

El embajador estadounidense en El Salvador, Ronald Johnson, elogió la deportación del exdiputado salvadoreño Roberto Carlos Silva Pereira, quien estaba en Estados Unidos desde 2007 y es acusado en su país de soborno y lavado de dinero.

Johnson dijo que la deportación era un ejemplo de que EE.UU. y El Salvador no serán un refugio de delincuentes o corruptos independientemente de sus cargos.

Roberto Carlos Silva Pereira, fue capturado a su llegada a El Salvador y puesto a la orden de un tribunal de justicia para que responda por varios delitos de corrupción.

Silva Pereira, quien fue diputado por el Partido de Conciliación Nacional (PCN), permanecía en Estados Unidos desde 2007, cuando salió huyendo de su país luego de que fuera acusado de los delitos de cohecho activo o soborno y casos especiales de lavado de dinero por 14 millones de dólares.

Exdiputado salvadoeño Carlos Roberto Silva Pereira, quien fue deportado de EE.UU. es escoltado a su llegada a San Salvador, tras ser detenido el 8 de enero de 2020.

A su llegada al aeropuerto internacional de Comalapa, a 34 kilómetros al sureste de la capital, Silva Pereira fue capturado por la Interpol con una orden emitida en 2007. Fue entregado a la Fiscalía General de la República y luego fue puesto a la orden de la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador, que programará una audiencia para informarle de los cargos que le imputan.

El presidente, Nayib Bukele, ordenó mantener esa suspensión en todo El Salvador, tanto en instituciones públicas como privadas, incluyendo las universidades.
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Agentes del Servicio de Inmigración capturaron al exdiputado en la ciudad de Anaheim, en el condado de Orange, California, y fue recluido en una cárcel de Arizona, donde pidió asilo político que fue rechazado.

Maricela Velásquez, jefa de la Unidad Especializada contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General, explicó a periodistas que el exdiputado habría cometido el delito a través de diversas modalidades para blanquear capitales procedentes de actividades delictivas.