Manifestantes suben a una estructura en Quito, en el último día de las protestas en Ecuador contra el alza de los precios de los combustibles. Octubre 14 de 2019. Reuters/Iván Alvarado.
Manifestantes suben a una estructura en Quito, en el último día de las protestas en Ecuador contra el alza de los precios de los combustibles. Octubre 14 de 2019. Reuters/Iván Alvarado.

La Fiscalía en Ecuador ha procedido este lunes a la detención de una prefecta y varios exfuncionarios presuntamente vinculados a las protestas ocurridas desde una semana atrás contra la implementación de un decreto de alza de combustibles (Decreto 833) por parte del presidente Lenín Moreno.

Un reporte de la Fiscalía General del Estado confirmó la detención de la prefecta de la provincia de Pichincha, Paola Pabón.

El allanamiento se realizó en horas de la madrugada, según la institución.

La fiscalía dijo que el dictado de prisión preventiva se hizo "por presunto delito de asociación ilícita para la paralización de servicios, rebelión y discordia en manifestaciones".

En el operativo resultaron detenidos además, dos hombre señalados por la fiscalía como Christian G., y Pablo D.

Por otra parte la vivienda del exasambleísta de Alianza País, Virgilio Hernández también fue allanada, según información de la Fiscalía "en torno a los hechos violentos registrados durante las manifestaciones en contra del Decreto 883 que eliminaba el subsidio de los combustibles", citó el diario El Comercio.

Hernández es aliado del expresidente Rafael Correa, y tal como dijo el órgano investigativo, aunque no se encontraba en el momento del registro domiciliario, "en el sitio se incautaron de dinero en efectivo, dispositivos electrónicos, documentos y otras pruebas".

El pasado día 12, y apelando al Artículo 366 del Código Orgánico Integral Penal, un comunicado de la Fiscalía General del Estado dijo que actuará “de manera implacable”, con los señalados por instigar a las protestas.

En referencia a los autores del delito de terrorismo, las autoridades relacionan tales faltas con lo que llama actos “que tienen como fin la desestabilización política de las instituciones y de la estructura del Estado”.

El Artículo 366 sanciona por Terrorismo “a quien provoque o mantenga en estado de terror a la población o a un sector de ella”.

Un llamado del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (CONGOPE), llamó a las autoridades respetar “el debido proceso y el legítimo derecho a la defensa de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón”, informó el medio local Pichincha Universal.

(Con Información del diario El Comercio y  el medio Pichincha Universal, así como la Fiscalía General de Ecuador)