Tras 12 días de protestas el gobierno se vio obligado a derogar la decisión y retornar los precios a los niveles anteriores, aunque insiste en la necesidad de focalizar el subsidio para que llegue a los más pobres.
Tras 12 días de protestas el gobierno se vio obligado a derogar la decisión y retornar los precios a los niveles anteriores, aunque insiste en la necesidad de focalizar el subsidio para que llegue a los más pobres.

La huelga nacional que por casi dos semanas paralizó virtualmente Ecuador ha dejado millonarias pérdidas y una amenaza a la sostenibilidad de la economía dolarizada que rige desde el año 2000.

A ello se suma un elevado endeudamiento público de más de 64.000 millones de dólares en un país que tiene un Producto Interno Bruto de 108.000 millones de dólares, y un déficit fiscal anual de 10.000 millones de dólares.

Con la eliminación de los subsidios estatales al precio de los combustibles, el gobierno esperaba ahorrar 1.300 millones de dólares anuales, pero las protestas y desmanes que ocasionaron pérdidas por 2.300 millones de dólares -de acuerdo con cálculos de la Cámara de Industrias de Guayaquil, el mayor polo económico del país- obligaron al mandatario Lenín Moreno a dar marcha atrás con la medida.

El analista del Observatorio de la Política Fiscal, Jaime Carrera, dijo a The Associated Press que “las finanzas públicas están en una suerte de estrangulamiento. Si no hay cómo subir impuestos ni se puede eliminar subsidios, lo que queda es reducir drásticamente el gasto público, la masa salarial, el gasto operativo, la inversión y hacerlo de esa forma tampoco es viable”.

Añadió que la dolarización está amenazada a mediano y largo plazo porque Ecuador no va a poder reducir el déficit fiscal. El próximo año necesitará 10.000 millones de dólares para pagar amortizaciones de deuda y el país no podrá seguir colocando bonos ni contrayendo más deuda. “Si no se pueden subir impuestos ni reducir subsidios, entonces tendrá que enfrentar atrasos en pagos”, declaró.

El 1 de octubre el gobierno de Moreno decretó la eliminación del subsidio al combustible, lo que llevó el precio de la gasolina de 1,85 a 2,39 dólares el galón y el diésel de 1,03 a 2,30 dólares, provocando violentas manifestaciones en las que murieron el menos siete personas, 1.340 resultaron heridas y 1.152 arrestadas, según la oficina del Defensor del Pueblo.

Tras 12 días de protestas el gobierno se vio obligado a derogar la decisión y retornar los precios a los niveles anteriores, aunque insiste en la necesidad de focalizar el subsidio para que llegue a los más pobres.

La presión de los grupos indígenas

El movimiento indígena de Ecuador quiere que el Gobierno se aleje del Fondo Monetario Internacional y busque recursos propios para salir de la crisis fiscal, dijo el líder de los grupos, Jaime Vargas.

Vargas integró además una comisión técnica con los indígenas para elaborar un nuevo decreto que permita una política de subsidios de combustibles con criterios de “racionalización, focalización y sectorialización” de los ingresos.

“Esta comisión debería comenzar a construir un proyecto importante para el país, sabemos que está viviendo una crisis demasiado complicada y tenemos que trabajar para poder buscar alternativas de financiamiento”, explicó Vargas en una entrevista con Reuters.

El Fondo Monetario “tiene que retirarse del Ecuador, tiene que dejar al pueblo ecuatoriano libre y el Ecuador tiene que tomar sus decisiones. No podemos tomar decisiones escuchando sus intereses”, agregó el líder del pueblo Achuar de 40 años.

Ecuador alcanzó un acuerdo por 4.200 millones de dólares en febrero con el FMI con un programa económico de tres años, que incluye reformas estructurales para reducir un abultado déficit fiscal y una creciente deuda externa.

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional saludó el martes la decisión del presidente ecuatoriano Lenín Moreno de cancelar un paquete de austeridad luego de una semana de protestas en el país.

Gita Gopinath, directora del Departamento de Estudios del FMI, dijo que la agencia recibe con agrado el intento “de unir a todas las partes concernientes y tomar decisiones sobre macro reformas teniendo en cuenta a las varias comunidades que serán afectadas por las mismas”.

A la pregunta de si la imagen del Fondo ha sufrido tras el resultado en Ecuador y también en Argentina, donde el izquierdista Alberto Fernández es favorito para ser elegido este mes, impulsado por sus objeciones a un préstamo de 57.000 millones que el presidente Mauricio Macri obtuvo del FMI el año pasado, Gopinath dijo que el organismo opera bajo circunstancias difíciles.

“El FMI acude a esos países cuando están en tiempos de tensiones”, dijo. “Es desafortunado que esas son las dificultades que la gente tiene que enfrentar”.

En sus Perspectivas de la Economía Mundial dadas a conocer el martes, el organismo internacional pronostica que la economía ecuatoriana se contraerá 0,5% este año tras crecer 1,4% en el 2018. La proyección, hecha antes de las protestas, era que la economía crecería 0,5% en el 2020.

Ecuador se suma a Argentina, Barbados, Nicaragua y Venezuela como los únicos países en el continente con proyecciones de crecimiento negativo en el 2019.

Políticos refugiados en embajada mexicana

En un desarrollo relacionado, la embajada de México en Quito informó que ha dado protección a otros tres políticos opositores ecuatorianos que aún no tienen procesos ni acusaciones, después de que grupos de encapuchados atacaran e incendiaran la Contraloría General de la nación, entidad que investiga la corrupción durante el gobierno del exmandatario Rafael Correa.

En un breve comunicado, la cancillería mexicana dijo que recibió en sus instalaciones “para brindarles protección y resguardo, a las siguientes personas: Luis Fernando Molina, asambleísta alterno nacional; Soledad Buendía, asambleísta nacional; Carlos Viteri, asambleísta nacional, así como a sus cónyuges”.

El 12 de octubre se notificó el ingreso a la embajada de la expresidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, aduciendo que las fuerzas del orden le estaban haciendo un seguimiento extrajudicial.

Añadió que “nuestro país reitera su compromiso con el respeto, protección y promoción de los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su afinidad política” y que reafirma su postura de no intervención y su deseo de una salida democrática, pacífica y dialogada a la situación por la que cruza el Ecuador”.

También es buscado por la policía el exasambleísta Virgilio Hernández, que junto a quienes se refugiaron en la embajada mexicana son muy cercanos a Correa.

El ex vicepresidente Jorge Glas, varios ministros y otros altos funcionarios están detenidos o procesados por acusaciones de millonarios actos de corrupción con fondos públicos y el ataque a la Contraloría.

Según el diario ecuatoriano, primicias.ec, Buendía, Viteri y Molina son parte de la bancada legislativa Revolución Ciudadana, que se separó de Alianza PAIS y que agrupa a los seguidores del expresidente Rafael Correa. Buendía fue ministra coordinadora de la Política del gobierno de Correa, y es diputada desde 2013 por Alianza PAIS.

Su esposo, Edwin Jarrín, fue secretario de Transparencia de Correa, y vicepresidente del Consejo de Participación cesado. Viteri Gualinga es alegislador desde 2013 y antes fue director del Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico.

Su esposa, Tania Pauker, también fue miembro del Consejo de Participación cesado. Luis Fernando Molina fue abogado en un caso relacionado con Pichincha Universal, la radio de la Prefectura de Pichincha. Mientras que Leónidas Moreno, es asesor ejecutivo de ese gobierno seccional.