La presencia de miles de profesionales, técnicos y “asesores” cubanos en Venezuela en puestos claves para la economía y la seguridad del país también ha inflamado la indignación popular durante las protestas de los últimos días en Caracas.
Este martes estudiantes marcharon desde la plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes hasta la embajada cubana en Caracas para exigir al gobierno de La Habana que ponga fin a su injerencia en los asuntos internos de Venezuela.
Los jóvenes entregaron un comunicado al comandante Miguel Ángel Ramírez, de la Policía Nacional Bolivariana, en el que aseguran tener información de que desde los cuarteles miembros de fuerzas armadas cubanas imparten órdenes a soldados y oficiales venezolanos.
Gabriela Arellano, dirigente estudiantil de la Universidad de Los Andes, denunció además un "desmesurado" despliegue de la Guardia Nacional en los alrededores de la embajada cubana para resguardarla de las protestas populares que sacuden al país.
La semana pasada opositores circularon por Internet una versión no confirmada de un contingente de militares de la isla llegados el 15 de febrero al aeropuerto de Maiquetía a bordo de dos aviones cubanos para ayudar a reprimir las manifestaciones antigubernamentales.
Un editorial publicado tres días después por el diario El Nacional puso de relieve la injerencia cubana en Venezuela y dijo que “nada tendría de extraño que la dictadura de los hermanos (Fidel y Raúl) Castro manejara la hipótesis de intervenir directamente en este país para salvaguardar sus intereses”.
Entre los intereses en juego para La Habana debido a las protestas populares estarían, de acuerdo con el periódico, los $90 mil dólares que el gobierno de Castro percibe por cada uno de los más de 50 mil cubanos que ha enviado a Venezuela, según estimados de hace dos años.
La alianza Caracas-La Habana incluye además el envío a la isla de petróleo en términos preferenciales, y que según informó hace unos días el ministro de Petróleo y Minería venezolano, Rafael Ramírez, asciende a 70 mil barriles diarios, equivalentes a unos $6 millones 800 mil dólares al precio actual del mercado.
Tras calificar a los funcionarios y militares cubanos de “invasores”, el diario señaló que en manos de éstos figura “la cedulación de los venezolanos, así como la emisión de pasaportes; la gestión de los registros y las notarías, lo que le permite a La Habana hurgar en asuntos que deberían ser de absoluta incumbencia de la República”.
De igual manera, dijo, controlan los puertos y aeropuertos, “que por razones estratégicas y de seguridad nacional corresponde a nuestro país administrarlos, pero que fueron graciosamente dados en concesión a empresas cubanas que controlan el flujo de nuestras importaciones y exportaciones”.
Este martes estudiantes marcharon desde la plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes hasta la embajada cubana en Caracas para exigir al gobierno de La Habana que ponga fin a su injerencia en los asuntos internos de Venezuela.
Los jóvenes entregaron un comunicado al comandante Miguel Ángel Ramírez, de la Policía Nacional Bolivariana, en el que aseguran tener información de que desde los cuarteles miembros de fuerzas armadas cubanas imparten órdenes a soldados y oficiales venezolanos.
Gabriela Arellano, dirigente estudiantil de la Universidad de Los Andes, denunció además un "desmesurado" despliegue de la Guardia Nacional en los alrededores de la embajada cubana para resguardarla de las protestas populares que sacuden al país.
La semana pasada opositores circularon por Internet una versión no confirmada de un contingente de militares de la isla llegados el 15 de febrero al aeropuerto de Maiquetía a bordo de dos aviones cubanos para ayudar a reprimir las manifestaciones antigubernamentales.
Un editorial publicado tres días después por el diario El Nacional puso de relieve la injerencia cubana en Venezuela y dijo que “nada tendría de extraño que la dictadura de los hermanos (Fidel y Raúl) Castro manejara la hipótesis de intervenir directamente en este país para salvaguardar sus intereses”.
Entre los intereses en juego para La Habana debido a las protestas populares estarían, de acuerdo con el periódico, los $90 mil dólares que el gobierno de Castro percibe por cada uno de los más de 50 mil cubanos que ha enviado a Venezuela, según estimados de hace dos años.
La alianza Caracas-La Habana incluye además el envío a la isla de petróleo en términos preferenciales, y que según informó hace unos días el ministro de Petróleo y Minería venezolano, Rafael Ramírez, asciende a 70 mil barriles diarios, equivalentes a unos $6 millones 800 mil dólares al precio actual del mercado.
Tras calificar a los funcionarios y militares cubanos de “invasores”, el diario señaló que en manos de éstos figura “la cedulación de los venezolanos, así como la emisión de pasaportes; la gestión de los registros y las notarías, lo que le permite a La Habana hurgar en asuntos que deberían ser de absoluta incumbencia de la República”.
De igual manera, dijo, controlan los puertos y aeropuertos, “que por razones estratégicas y de seguridad nacional corresponde a nuestro país administrarlos, pero que fueron graciosamente dados en concesión a empresas cubanas que controlan el flujo de nuestras importaciones y exportaciones”.
