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Fiscal Ortega Díaz denuncia amenazas a su familia

  • Voz de América - Redacción

Un partidario del gobierno de Venezuela sostiene una copia de la Constitución del país mientras discute con opositores del gobierno que protestaban frente al Tribunal Supremo en apoyo a la Fiscal General Luisa Ortega Díaz y su rechazo a la convocatoria de la Asamblea Constituyente hecha por el presidente Nicolás Maduro.

La Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega, denunció el lunes que su familia ha recibido amenazas y que es seguida por patrullas del servicio de inteligencia del Estado, por lo que responsabilizó al Gobierno de Nicolás Maduro si algo les sucede.

La titular del Ministerio Público hizo la alerta en un programa de una emisora de radio local, pocas horas después de que el máximo tribunal falló en contra de un recurso legal que presentó para intentar detener la elección de los miembros de una asamblea que reforme la Constitución, promovida por Maduro.

El diputado de oposición José Guerra, expresó a Ortega su respaldo ante las amenazas que ha denunciado.

La iniciativa de la Fiscal General, respaldada por la oposición, recibió duras críticas de funcionarios, que la tildaron de "traidora", una vez que marcó distancia con Maduro en medio de la reciente ola de protestas antigubernamentales.

"A mi familia la acosan, la persiguen patrullas que parecen ser del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia), les mandan mensajes", relató Ortega sin especificar el tipo de intimidación.

"Las amenazas que yo he recibido han sido por televisión, que creo las ha visto todo el mundo", agregó la funcionaria en relación al acoso de la que ha sido objeto en los últimos días.

Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz. Foto (La Patilla)
Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz. Foto (La Patilla)

Ortega, que se ha opuesto a recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Consejo Nacional Electoral (CNE), anunció el lunes que introdujo un nuevo recurso para impugnar la designación de 13 magistrados hecha en 2015 por el Congreso de mayoría oficialista.

La Fiscal General argumentó que el proceso para elegir a los jueces fue "irregular" y se hizo a sus espaldas, por lo que pretende que con su petición sean designados nuevos magistrados.

"El Tribunal Supremo de Justicia ha sido un obstáculo para la paz del país y por esa razón yo he acudido a pedir la nulidad", apuntó.

Minutos antes, el máximo tribunal rechazó por segunda vez este mes un recurso introducido por Ortega.

"Por inepta acumulación de pretensiones, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia declara inadmisible recurso ejercido por Luisa Ortega Díaz", dijo el TSJ el lunes.

La iniciativa de la fiscal fue también respaldada por algunos ex funcionarios del Gobierno del fallecido Hugo Chávez que han criticado al actual presidente, quien considera la elección de una Asamblea Nacional Constituyente como la salida para aliviar la crisis política.

Protestas el lunes

A la par de la creciente tensión entre los poderes, algunas organizaciones independientes de conductores de transporte público paralizaron el lunes su servicio en Caracas, dificultando la movilización en una ciudad marcada por protestas casi diarias.

Manifestantes indignados contra el fallo de la corte a favor del gobierno atacaron con bombas incendiarias el edificio de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) y dañaron un banco que funciona en el lugar. Varios manifestantes resultaron heridos así como los guardias de seguridad que trataron de repeler el ataque.

El líder de oposición Henrique Capriles dijo que la violencia fue iniciada por agitadores del gobierno.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, decidió mudar la sede de la DEM, ubicada en el municipio Chacao por las constantes agresiones

Afuera de la Corte Suprema en el centro de Caracas, manifestantes que respaldaban a Ortega fueron confrontados por partidarios del gobierno.

El Consejo Nacional Electoral ha fijado el 30 de julio como fecha para elegir los asambleistas de la constituyente. La oposición se ha negado a participar en la votación, que dice está arreglada a favor del Partido Socialista Unido en el poder.

También el lunes, el Ministerio del Interior asumió el control directo de la fuerza de policía estatal de Miranda, estado del cual Capriles es gobernador.

El ministro Néstor Reverol dijo que la intervención de seis meses es justificada constitucionalmente porque hay evidencia de que policías han estado cometiendo abusos de derechos humanos y crimen organizado.

Capriles dijo que el plan es usar a la policía para reprimir las protestas y alertó a los efectivos policiales a no obedecer órdenes que violan los derechos humanos o la constitución.

Desde hace poco más de dos meses, la oposición venezolana ha mantenido constantes protestas en las calles, la mayoría de las cuales han derivado en disturbios y han sido dispersadas por fuerzas de seguridad con gases lacrimógenos y camiones lanza aguas. Estos hechos han dejado 67 muertos.

Con información de Reuters

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