El Parlamento venezolano aprobó el martes el informe emitido recientemente por del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, que responsabilizó al gobierno de hacer “uso excesivo de la fuerza contra manifestantes”.
En la sesión, a la que asistieron víctimas y familiares de la represión registrada desde el inicio de las protestas antigubernamentales el pasado 1 de abril, Melanio Escobar, defensor de DD.HH. y director de la ONG Redes Ayuda, presentó las conclusiones del informe emitido por la ONU.
Escobar explicó que el informé destaca que “más de 5.000 personas han sido detenidas arbitrariamente desde el inicio de las manifestaciones”.
“Durante estas detenciones ha quedado claro y sin duda alguna que ha habido muchos casos de tortura, de las cuales la practica más recurrente es el choque eléctrico, las golpizas, encadenarlos (…) las amenazas de violencia sexual” manifestó el defensor de DD.HH.
El Parlamento de mayoría opositora acordó citar a Tarek William Saab, fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para que informe las acciones de la defensoría del pueblo, sobre las denuncias de violaciones a los DD.HH., cometidas en las protestas antigubernamentales de los últimos meses.
Sesión de la ANC
La ACN ratificó el martes a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, que fueron recientemente destituidos por el parlamento de mayoría opositora y que se subordinaron ante la ANC.
La semana pasada, la ANC emitió un decreto que establece la subordinación de los poderes públicos ante ese ente.
Durante la sesión, el presidente del Supremo, Maikel Moreno, pidió a la ANC revisar la pena máxima en Venezuela que, actualmente es de 30 años.
“Las penas de los delitos graves que más daño le hacen a la sociedad venezolana, nos parece que no corresponden a la magnitud del daño causado, como es el delito de homicidio, el secuestro, traición a la patria, terrorismo (…) creo que deben cumplir más de 50 años” dijo Moreno durante un discurso ante la ANC.
Gonzalo Himiob, director de la organización defensora de DD.HH, Foro Penal Venezolano, aseguró que la ANC “no puede aumentar las penas previstas para ningún delito en ningún cuerpo normativo”.
“No es un cuerpo legislativo, aun cuando hubiese sido válidamente instalada, la ANC tiene como único objetico la enmienda, la reforma o el cambio de la Constitución” detalló Himiob en una entrevista con la cadena local Unión Radio el martes por la noche.
Por su parte, la presidenta de la ACN, Delcy Rodríguez anunció que el presidente Nicolás Maduro “solicitó que los casos llevados ante la jurisdicción militar , sean declinados ante la jurisdicción ordinaria”.
“Nosotros daremos inmediatamente ejecución a esta solicitud” manifestó Rodríguez.
Al respecto, Himiob manifestó que “existe un reconocimiento a que se han venido violando sistemáticamente los DD.HH. de los venezolanos por motivos políticos.”
“Si en este momento se acepta que todo este bloque de civiles, estamos hablando de 655, que de abril hasta acá han sido llevados a la jurisdicción militar, nunca debieron haber sido juzgados por esa instancia, se está confesando que se violaron los DD.HH. de estas personas” afirmó el defensor de DD.HH.
Desde mayo, Luisa Ortega, fiscal general destituida por la ANC, denunció que las imputaciones ante la justicia militar es “contraria a los mandatos y principios de la Constitución”.
