Desde la época de George Washington, los presidentes de Estados Unidos han usado el privilegio que les otorga el poder Ejecutivo para hacerle frente a las investigaciones del Congreso, alegando que es necesario proteger la confidencialidad de su toma de decisiones.
El presidente Donald Trump amenazó esta semana con hacer valer esos privilegios del ejecutivo para evitar que testifiquen varios de sus asesores, antiguos y en funciones, incluidos algunos que han cooperado con la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016.
Es una estrategia que podría conducir a una lucha legal desagradable y larga, pero, aunque la Casa Blanca sea derrotada en las cortes, el presidente y sus aliados podrían tener la oportunidad de agotar el reloj rumbo a las elecciones de 2020.
"Todo esto se trata de demorar las cosas. La estrategia de cada gobierno es prolongarlo", dijo Saikrishna Prakash, de la Universidad de Virginia y experto en poderes presidenciales.
En los últimos días, Trump ha fustigado a los demócratas en la Cámara de Representantes, diciendo que están intensificando sus investigaciones luego de la pesquisa del fiscal especial, que terminó el mes pasado sin concluir que el mandatario haya estado coludido con Rusia o que obstruyó la justicia.
"Con toda esta transparencia, concluimos que 'no hubo colusión, no hubo obstrucción'", comentó Trump a los reporteros en la Casa Blanca el viernes. "Luego salgo y el primer día dicen 'Hagámoslo de nuevo'. Yo dije: 'Ya fue suficiente'".
"Así que, si soy culpable de algo, es que he sido un gran presidente y a los demócratas no les gusta eso, lo que es una lástima", agregó.
El privilegio ejecutivo es el poder del presidente para mantener cierta información fuera de vista de las cortes, del Congreso y del público para proteger la confidencialidad del proceso de toma de decisiones de la Oficina Oval.
El privilegio de retener documentos y prohibir que testifiquen los asistentes del presidente se basa en la premisa de que el mandatario tiene una necesidad casi sin paralelo de proteger la confidencialidad del asesoramiento que se incluye en las decisiones presidenciales.
No hay una referencia del privilegio ejecutivo en la Constitución, pero la Corte Suprema ha sostenido que se deriva de la capacidad del presidente de realizar las labores que el comandante en jefe tiene bajo la Constitución.
El tema se ha vuelto un punto álgido luego de que el gobierno de Trump informó que analizaba invocar los privilegios para evitar que el Congreso citara al exconsejero de la Casa Blanca Don McGahn, una figura importante en la investigación de Mueller, para que compareciera y entregara documentos.
Eso refleja un cambio en las tácticas legales de los abogados de Trump. Al principio, cooperaron con la pesquisa de 22 meses de Mueller, alentando a los funcionarios a testificar y entregar más de un millón de documentos, pero a partir de principios del año pasado, la Casa Blanca tomó un enfoque más agresivo, empezó a cuestionar públicamente la integridad de la investigación y se resistió a algunas peticiones.
Los asesores del presidente, en un intento para retratar a los demócratas como culpables de una extralimitación, quieren enredar las investigaciones del Congreso. Creen que una prolongada batalla legal podría agotar la paciencia del electorado y cambiar la opinión pública a su favor.
Aunque están esperanzados de que los tribunales los respalden, una lucha legal que termine en derrota podría extenderse cerca de las elecciones de 2020 y facilitarles las cosas a los republicanos para que digan que sus rivales estuvieron más interesados en jugar a la política.
La prisa con la que los demócratas de la Cámara de Representantes han emitido citaciones y han prometido hacer más es un reflejo de que el tiempo está del lado de Trump, no del Congreso, explicó Prakash.
"La velocidad con la que se han enfrascado en un punto muerto es diferente" de la que tuvieron en peleas anteriores por documentos y testimonios que involucraban por lo menos una semblanza de negociaciones, agregó.
Las cortes no han tenido mucho que decir sobre el privilegio ejecutivo, pero en el caso de 1974 sobre la negación del entonces presidente Richard Nixon para entregar unas grabaciones de la Oficina Oval como parte de la investigación Watergate, la Corte Suprema sostuvo que el privilegio no es absoluto.
En otras palabras, el entregar documentos o permitir testimonios puede tener más peso que los argumentos para retenerlos. En ese contexto, la corte falló por 8 votos a favor y ninguno en contra que Nixon tenía que entregar las grabaciones.
Cuando se trató de Watergate, la Corte Suprema dijo que tenía la última palabra y los tribunales menores han intervenido en ocasiones para resolver otras disputas, pero las cortes también han dejado claro que prefieren que la Casa Blanca y el Congreso resuelvan sus problemas sin la intervención del poder judicial, de ser posible.
Las batallas legales por documentos y testimonios pueden tardar años en resolverse.
