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Investigadores: Trato a adolescentes latinos en Centro de Reclusión no es abuso


El centro juvenil Shenandoah Valley en Staunton, Virginia, en una foto del 20 de junio de 2018. Cuatro adolescentes latinos acusaron de trato abusivo a trabajadores de la instalación, pero una revisión ordenada por el gobernador de Virginia encontró que el trato denunciado no es abuso.

Una revisión estatal sobre el tratamiento de adolescentes inmigrantes recluidos en un centro de detención de Virginia confirma que la instalación usa técnicas de restricción que pueden incluir atar a los niños a sillas y colocar bolsas de malla sobre sus cabezas.

Pero los investigadores concluyeron que el duro tratamiento descrito por detenidos en el Centro Juvenil Shenandoah Valley no cumple con el umbral legal de abuso o negligencia del estado, según una copia de los hallazgos emitidos el lunes por el Departamento de Justicia Juvenil de Virginia y obtenidos por The Associated Press.

Los reguladores hicieron varias recomendaciones para mejorar las condiciones dentro de la instalación, incluida la contratación de más personal bilingüe y una mejor detección para proporcionar atención a los detenidos que sufren problemas de salud mental.

El gobernador de Virginia, Ralph Northam, ordenó la revisión en junio horas después de que AP publicara relatos en primera persona de niños de hasta 14 años que dijeron que fueron esposados, puestos en grilletes y golpeados en la instalación, ubicada cerca de Staunton, Virginia. También describieron que les quitaron la ropa y los encerraron en confinamiento solitario, a veces atados a sillas con bolsas sobre sus cabezas.

Los investigadores estatales dijeron que no pudieron entrevistar a los adolescentes inmigrantes que hicieron declaraciones juradas diciendo que sufrieron abusos graves. Aquellos que presentaron las quejas iniciales como parte de una demanda colectiva federal presentada en noviembre de 2017, fueron posteriormente transferidos a otras instalaciones o deportados a sus países de origen después de la resolución de sus casos de inmigración.

Hannah M. Lieberman, abogada del Comité para Asuntos Civiles y Asuntos Urbanos de Washington que representa a los adolescentes latinos en la demanda, dijo que el informe del estado no desmiente las acusaciones de abuso por parte de sus clientes. Ella dijo que el caso legal contra la instalación procederá.

Los incidentes descritos en declaraciones juradas de seis adolescentes latinos presuntamente ocurrieron entre 2015 y 2018, bajo los gobiernos de Barack Obama y Donald Trump.

Aunque fueron encarcelados en una institución similar a una prisión, los niños detenidos bajo cargos administrativos de inmigración no han sido condenados por ningún delito. La Oficina de Reubicación de Refugiados de EE.UU. upervisa el cuidado de niños inmigrantes bajo custodia federal.

De los 22 residentes en la instalación entrevistados por los investigadores estatales en junio después del informe de AP, tres dijeron que habían experimentado un comportamiento abusivo por parte del personal. Según el informe estatal, los investigadores de los servicios de protección infantil locales revisaron esas quejas y determinaron que "no cumplían con la definición legal de abuso o negligencia''.

Aunque los investigadores dijeron que no encontraron evidencia de palizas y otros abusos severos descritos en la demanda, su informe confirma que el personal de las instalaciones de Shenandoah está entrenado en el uso de sillas de restricción y "protectores bucales de malla" para residentes "fuera de control" que no pueden ser restringidos de forma segura por métodos menos intrusivos ''.

Dichos dispositivos de restricción son legales para su uso en instalaciones de detención juvenil en Virginia, aunque las regulaciones dicen que nunca se pueden usar como castigo y solo son apropiados "para garantizar la seguridad de los residentes, el personal y las instalaciones''.

En dos de los casos revisados por los investigadores, el informe dice que los miembros del personal de la instalación fueron disciplinados por usar técnicas de restricción que no siguieron las pautas estatales. Sin embargo, esos dos incidentes, que no se detallaron en el informe, no involucraron el uso de sillas de restricción.

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