El diario Folha de Sao Paulo dio a conocer que Rusia, Irán e Irak eran vigilados por espías brasileños.
El rotativo señala que entre 2003 y 2004, Brasil realizó diez operativos de vigilancia con esos países donde Brasil ha estrechado sus relaciones diplomáticas.
La vigilancia se realizó en las embajadas y residencias, según información secreta de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN).
Según los documentos obtenidos por el diario, la agencia de inteligencia de Brasil siguió y fotografió diplomáticos rusos y a representantes de la agencia de exportación de equipos militares rusos Rosoboronexport, así como a diplomáticos iraníes con contactos en Brasil.
La información de Folha dice además que fotografiaron actividades de los iraquíes en su embajada y en sus residencias.
La oficina de la presidencia dijo en un comunicado que se trata de operaciones que se llevaron a cabo hace más de una década basadas en “la legislación brasileña de protección de los intereses nacionales” y durante el gobierno del entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
El comunicado advierte además que la filtración de informes clasificados como secretos constituye un crimen y que se investigará a los responsables por la entrega de los documentos.
El rotativo señala que entre 2003 y 2004, Brasil realizó diez operativos de vigilancia con esos países donde Brasil ha estrechado sus relaciones diplomáticas.
La vigilancia se realizó en las embajadas y residencias, según información secreta de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN).
Según los documentos obtenidos por el diario, la agencia de inteligencia de Brasil siguió y fotografió diplomáticos rusos y a representantes de la agencia de exportación de equipos militares rusos Rosoboronexport, así como a diplomáticos iraníes con contactos en Brasil.
La información de Folha dice además que fotografiaron actividades de los iraquíes en su embajada y en sus residencias.
La oficina de la presidencia dijo en un comunicado que se trata de operaciones que se llevaron a cabo hace más de una década basadas en “la legislación brasileña de protección de los intereses nacionales” y durante el gobierno del entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
El comunicado advierte además que la filtración de informes clasificados como secretos constituye un crimen y que se investigará a los responsables por la entrega de los documentos.