Mientras el gobierno de EE.UU. continúa en sus esfuerzos por aliviar la crisis en la frontera por el alto flujo de niños migrantes y mujeres que ingresan por la frontera el debate continúa sobre lo que se debe y no se debe hacer.
En algunas jurisdicciones los rechazan y se niegan en ofrecer albergue a los menores, mientras en otras, como en los estados de Massachusetts y Nueva York, se han ofrecido políticas de puertas abiertas y bienvenida a los niños.
Lo más reciente es el anuncio del gobernador de Massachusetts, Deval Patrick, quien planea ofrecer albergue temporal a más de 1.000 niños que han ingresado al país por la frontera ilegalmente.
Si bien no existe nada oficial, el gobernador dijo que podría hacerse cargo de estos niños por 30 o 45 días en dos posibles locaciones, una al oeste de Massachusetts y la otra en Chicopee.
Los republicanos no aceptan estas políticas y señalan que esas personas deben ser deportadas de inmediato porque violaron la ley. Su resistencia no solo es ante la aprobación de una reforma migratoria integral, la cual está paralizada en el Congreso sino también ante soluciones concretas sobre el futuro de los menores.
Algunos grupos de niños ya han sido deportados tanto a Guatemala como a Honduras, pero se desconoce a ciencia cierta qué políticas se aplicarán a los miles de niños que todavía permanecen en el país y a los que todavía insiste en ingresar de manera ilegal, aunque las cifras demuestran que ha habido un deceso.
