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Profesores debaten sobre inmigración


Ante la creciente presencia de estudiantes que son inmigrantes ilegales, los profesores debaten las presiones a las que están sometidos.

Con unos 11.000 millones de inmigrantes ilegales en Estados Unidos, los educadores sobre las contradicciones entre la obligación de educar y la legislación opuesta o inexistentes sobre los inmigrantes.

Después de que el Premio Pulitzer, José Antonio Vargas, confesara ser uno más de los inmigrantes indocumentado en EE.UU. gracias a la ayuda de varias personas de influencia, entre ellos sus educadores.

Los profesores están sometidos a la presión de la policía y los legisladores que les animan a denunciar los casos de inmigrantes ilegales, mientras que las autoridades federales, en cambio, insisten que cada niño tiene derecho de recibir una educación.

"Somos educadores. No trabajamos para las autoridades de inmigración", el ahora retirado Rich Fischer dijo a Associated Press. Agregó que maestros en todo el país enfrentan los mismos retos y más.

Fischer y Pat Hyland eran administradores escolares en la ciudad de Mountain View en California, cuando un estudiante filipino, José Antonio Vargas, no podía ir la universidad pese a haber destacado en sus calificaciones.

"Creo que de ponerle un número al problema, se revelaría una epidemia trágica", aseguró.

Fischer y Hyland contemplaron adoptar a Vargas y finalmente le encontraron una beca para la Universidad de Estado de San Francisco. Vargas tuvo éxito en la universidad y consiguió una pasantía y luego un trabajo permanente en el periódico The Washington Post. Consiguió la pasantía después que Hyland y otros lo ayudaron a obtener una licencia de conducir.

Georgia discute ley

El estado de Georgia debe afrontar una nueva ley contra la inmigración ilegal ante las demandas jurídicas por haber apoyado a estudiantes por años de manera similar.

El grupo emitió una directriz legal en 2009, junto con la Asociación Nacional de Juntas de Escuelas, relacionado a la educación de "niños indocumentados" después que abogados de escuelas pidieron información sobre el tema. La directriz se limita a explicar que un fallo de la Corte Suprema afirma que esos estudiantes tienen el derecho a una educación gratis. Aconsejó a las escuelas no preguntar sobre la condición inmigratoria de los estudiantes porque podría afectar la matrícula escolar.

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