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Presentan proyecto de ley para extender sanciones a funcionarios de Maduro hasta 2021


Los senadores Marco Rubio (R) y Bob Menendez (D), a la derecha en la foto, trabajan en extender la Ley para la Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela, que vence el 31 de diciembre de 2019.
Los senadores Marco Rubio (R) y Bob Menendez (D), a la derecha en la foto, trabajan en extender la Ley para la Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela, que vence el 31 de diciembre de 2019.

Dos senadores estadounidenses presentaron el jueves un proyecto de ley para extender hasta el 2021 un estatuto que permite imponer sanciones a individuos responsables por las violaciones de derechos humanos en Venezuela.

“Esta legislación es un claro mensaje para [Nicolás] Maduro y su régimen criminal de que se les harán rendir cuentas por sus actos atroces”, dijo el legislador demócrata Bob Menéndez, quien junto al republicano Marco Rubio presenta el proyecto, en un comunicado.

La ley para la Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela vence el 31 de diciembre y los legisladores esperan aprobar la extensión del estatuto antes de que acabe el año.

“No existe una alternativa en la cual se levante ningún tipo de sanción contra estos individuos mientras que siga en el poder una mafia que no es democráticamente electa”, dijo Rubio a la Voz de América en el Congreso.

La ley fue aprobada por el Congreso en el 2014, bajo la presidencia de Barack Obama, dando inicio a la política fuerte de sanciones de EE.UU. hacia el gobierno en disputa de Nicolás Maduro.

En el 2014 el país vivió semanas de protestas multitudinarias en contra del presidente en disputa, que resultaron en 43 muertos y cientos de heridos como resultado de la represión por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas.

Después de que se aprobara esta pieza legislativa, el Departamento del Tesoro sancionó a los pesos pesados del brazo militar del gobierno venezolano: el director del Servicio de Inteligencia Bolivariana (SEBIN) y el director de la Policía Nacional Bolivariana, entre otros.

El proyecto debe ser aprobado tanto por el Senado como la Cámara para que la extensión sea autorizada.

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