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CIDH denuncia "respuesta estatal represiva, grave y sistemática" en Nicaragua

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Los opositores al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua reclaman, entre otros temas, la excarcelación de los presos políticos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó y discutió el vienes un informe sobre la situación en Nicaragua, un día después de que el gobierno de Daniel Ortega y la opositora alianza Cívica retomaran el diálogo varias veces interrumpido.

La comisionada y relatora para Nicaragua, Antonia Urrejola, leyó el informe. Nicaragua está en medio de una crisis de derechos humanos principalmente después de las protestas contra el gobierno de Ortega en 2018, dijo Urrejola.

Explicó que desde hace tres años representantes de Ortega no participan en las audiencias públicas de la CIDH, y desde diciembre pasado cerró sus puertas al escrutinio internacional en el terreno.

"Tras las protestas sociales iniciadas en Nicaragua a partir del 18 de abril de 2018, se ha presentado una respuesta estatal represiva, sistemática y grave en contra de la población", dijo Urrejola.

La represión estatal, -explicó-, abarca aspectos que van desde la vida, integridad personal y salud, hasta la libertad de expresión, participación política, asociación, educación, trabajo y debido proceso.

El informe apuntó en primer lugar a la situación de la libertad de expresión.

"En 2018 el gobierno (de Daniel Ortega) puso en práctica una serie de medidas y acciones represivas para restringir el ejercicio de la protesta y el derecho a la manifestación y hostigar el periodismo independiente. Actualmente persiste un discurso, que señalan a quienes se manifiestan, como terroristas que buscan llevar adelante un golpe de Estado", dijo Urrejola.

Aludió a las denuncias de periodistas y medios independientes sobre la vigilancia, represión y asedio contra las instalaciones y ataques de parte de actores del gobierno.

Se refirió a la expulsión de estudiantes de centros educacionales universitarios por la participación en las protestas antigubernamentales, así como el despido de trabajadores de la salud y de la educación también por haber participado en la disidencia.

"La comisión aborda la situación especial de riesgo en que se encuentran personas defensoras de derechos humanos, líderes estudiantiles y religiosos, como consecuencia de agresiones, amenazas, actos de hostigamiento, criminalización, seguimiento y vigilancia en su contra", dijo la relatora de CIDH para Nicaragua.

Urrejola indicó que la comisión ha seguido de cerca la situación de los niños y adolescentes, a los que catalogó como "víctimas": "La comisión ha registrado la muerte durante las protestas, a través de ejecuciones extrajudiciales, de 24 menores de edad".

Detalló que durante las protestas del pasado año murieron 325 personas, de ellos 21 eran policías. Además comentó que 777 personas han sido detenidas y enjuiciadas en ese mismo contexto.

La comisión también denunció "los patrones violatorios de derechos humanos identificados al momento de la detención, durante el traslado a dependencias judiciales o a estaciones de policías y en los centros privativos de libertad, así como las violaciones a los derechos de la familia".

También advirtió sobre la situación de personas migrantes y exiliadas debido a la violencia. "La comisión hace un análisis preliminar sobre el desplazamiento interno y la salida forzosa de miles de personas de Nicaragua, como consecuencia del ambiente de violencia, sus opiniones políticas y la gran cantidad de violaciones de derechos humanos que se han generado desde las protestas de abril de 2018".

En situación vulnerable están también, -dijo Urrejola-, el grupo conformado por las mujeres, adolescentes, las personas LGTBI, las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas: "Han sido afectadas de manera desproporcionada por el contexto de violencia y represión estatal".

La CIDH presentó recomendaciones generales y específicas al gobierno de Nicaragua el viernes, incluyendo una que insta al Estado "poner en libertad a las personas que han sido detenidas de manera ilegal y arbitraria" y "restablecer la plena vigencia del Estado de Derecho".

Los opositores reclaman, entre otros temas, la excarcelación de los presos políticos.

El diálogo se había interrumpido el lunes porque la Alianza Opositora protestó por "la violencia y represión" contra manifestantes que el gobierno de Ortega catalogó de "provocación".

Este mismo mes Ortega liberó con medidas a un grupo de presos políticos.

El miércoles pasado Ortega prometió liberar a todos los detenidos en el marco de las protestas que comenzaron en abril del año pasado, pero a cambio aspira a que se levanten las sanciones internacionales que pesan en su contra.

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Sobre la posición del gobierno de Ortega

La CIDH dijo en su informe que el pasado 25 de enero entregó al gobierno de Nicaragua un borrador preliminar del texto divulgado este viernes, y se le solicitó que ofreciera sus observaciones en el plazo de un mes.

El 22 de febrero, -dijo Urrejola-, el gobierno de Managua respondió y el informe contiene 27 párrafos con sus recomendaciones.

"El Estado (de Nicaragua) señala que rechaza el informe por la falta de objetividad, imparcialidad, manifiesto sesgo, reflejando intereses políticos desestabilizadores en contra del Estado de Nicaragua".

El secretario ejecutivo del CIDH, Paulo Abrão, explicó el viernes que la de Nicaragua ha sido la misión en terreno más larga desplegada a lo largo de la historia del organismo.

"Hemos mantenido nuestra rigurosa metodología técnica con testigos, de testimonios, de información de organizaciones, de bases de datos que fueron todos registrados y nos ofrecen hoy las condiciones para registrar nuestras conclusiones", dijo Abrão.

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