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ONU culpa a Honduras por muerte de manifestantes tras presidenciales


Imagen de archivo de policías antimotines en un enfrentamiento con partidarios del candidato Salvador Nasralla en Tegucigalpa, nov 30, 2017. REUTERS/Jorge Cabrera

Las fuerzas de seguridad de Honduras, en especial la policía militar, usaron fuerza excesiva y letal contra los manifestantes que marchaban contra la disputada reelección del presidente Juan Orlando Hernández en noviembre, dijo Naciones Unidas el lunes.

Del total de 23 personas que se sabe que perecieron durante las protestas, al menos 16 fueron abatidas por las fuerzas de seguridad, incluidas dos mujeres y dos niños, afirmó la oficina de Derechos Humanos de la ONU en un reporte.

"Estos casos despiertan preocupaciones graves y podrían ser considerados asesinatos extrajudiciales", señaló el reporte, que agregó que siete personas murieron por disparos en la cabeza.

"Análisis del tipo de heridas sufridas por las víctimas indican que las fuerzas de seguridad hicieron un uso letal intencionado de armas de fuego, incluso más allá de propósitos disuasivos o de autodefensa (legítima), como cuando los manifestantes estaban huyendo", afirmó.

Hernández, un conservador respaldado por Estados Unidos, parecía encaminado a perder la elección del 26 de noviembre, pero una abrupta detención del conteo de votos y un cambio en los resultados dejó sin victoria a su rival centroizquierdista, Salvador Nasralla.

Las acusaciones de fraude generaron protestas, pero el resultado acabó siendo ratificado por el tribunal electoral, situación que fue refrendada por México y Estados Unidos.

La ministra hondureña de Derechos Humanos, Karla Cuevas, sostuvo que las autoridades utilizarán el informe de la ONU para las investigaciones y que la Fiscalía decidirá si se presentan cargos contra los presuntos responsables.

"(Las autoridades de seguridad) han concluido sus investigaciones en 22 casos y se están trasladando los expedientes al Ministerio Público", dijo Cuevas en rueda de prensa.

Hernández ha prometido una estrategia de línea dura criticada por grupos de derechos humanos para imponer el orden en este empobrecido país centroamericano, afectado por enfrentamientos entre fuerzas de seguridad, bandas locales y narcotraficantes.

AFP

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