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OEA: Segundo día de audiencias sobre abusos de DD.HH. en Venezuela


Carlos Vecchio, coordinador nacional político de Voluntad Popular, presentó un informe ante la comisión investigadora sobre la persecución que han sufrido los miembros de su partido y de la oposición venezolana.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) realizó el martes un segundo día de audiencias -hasta ahora un total de cuatro- para analizar si la Justicia venezolana está parcializada a favor del Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

El lunes, expertos en derechos humanos escucharon el testimonio de cinco testigos que hablaron de los abusos del Poder Judicial en Venezuela, entre ellos la magistrada que ordenó el encarcelamiento del líder opositor Leopoldo López, quien declaró desde Canadá vía Skype.

Participaron en la audiencia de este martes: David Smolanski, alcalde del municipio El Hatillo, en Caracas; Omar Lares, alcalde de la municipalidad de Campo Elías, estado Mérida; Walter Márquez exdiputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, Carlos Vecchio, coordinador político de Voluntad Popular y Doris Coello, madre del estudiante Marcos Coello.

​El alcalde David Smolansky dijo que en Venezuela, quien se opone al Gobierno es amenazado, perseguido o arrestado. Afirmó que los medios estatales lo han denigrado e insultado por sus raíces judías, y que fue inhabilitado igual que otros 11 alcaldes con la complicidad del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

​"En Venezuela hay 12 alcaldes destituidos, 6 en exilio, 2 están en Venezuela y 4 en prisión", denunció. Dijo que el régimen ha eliminado sistemáticamente a los poderes municipales, eliminando a representantes electos y cercanos a la gente.

El alcalde Omar Lares denunció la detención arbitraria y tortura de su hijo Juan Pedro Lares Rangel el pasado 30 de julilo, durante las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente por parte del SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.

Dijo que las autoridades llegaron a su vivienda sin una orden de arresto y se llevaron a su hijo de 23 años, el único de su familia que no logró escapar como hicieron el alcalde Lares, su esposa y el hijo menor de ambos.

Por otro lado, el exfiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, se presentó a este segundo día de audiencias en la OEA y trató de explicar publicaciones que pondrían en duda su integridad y su función en la comisión investigadora de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

El exdiputado Walter Márquez denunció "el crimen de apartheid contra tres diputados", tratos discriminatorios contra etnias indígenas y actos inhumanos como sometimiento a largas filas para abastecerse de combustible y alimentos.

También propuso crear una comisión interamericana que investigue y documente los abusos para luego comprobar y efectuar las denuncias correspondientes y dijo que tiene "conclusión" de que el presidente Nicolás Maduro nació en Colombia, pero señaló que "eso es tema de otro análisis".

Márquez habló con la Voz de América sobre su participación en la audiencia de la OEA.

Carlos Vecchio, coordinador nacional político de Voluntad Popular, dijo que fue forzado al exilio luego que el Gobierno emitiera una orden de captura en su contra en febrero de 2014.

Detalló la persecución y abusos del régimen contra más de 500 dirigentes y activistas de su partido. Dijo que en su país todos los medios están en poder del estado y uso de propaganda de odio. "Los poderes públicos se utilizan en Venezuela para seguir a los que piensan distinto", señaló.

Dijo que en su país primero se sentencia y luego se averigua. Afirmó que los disidentes encarcelados "están sometidos a una pena de muerte silenciosa", y denunció que 28 dirigentes de Voluntad Popular están encarcelados, así como estudiantes y ciudadanos comunes arrestados por sus creencias políticas.

Vecchio recordó el caso de Leopoldo López, preso durante tres años, sometido a torturas, aislamiento y requisas diarias. Dijo que hay 159 activistas bajo medidas cautelares, que no pueden participar en política.

Señaló que el carnet de la patria, igual que las bolsas de comida, son políticas sociales de terror y sumisión usadas por el Gobierno para la manipulación y el control, y denunció que la dictadura compra los medios de comunicación para impedir que se escuchen otras ideas, violando la libertad de expresión.

La señora Doris Coello, madre del estudiante perseguido Marcos Coello, denunció el caso de su hijo y otros estudiantes.

Las audiencias podrían reanudarse en noviembre, informaron el lunes los expertos de la OEA.

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