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OEA anuncia mecanismos para responder a migración venezolana


Crisis de migrantes venezolanos llega a la OEA
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Crisis de migrantes venezolanos llega a la OEA.

La Organización de Estados Americanos (OEA) realizó el miércoles una sesión extraordinaria de su Consejo Permanente en Washington para tratar la crisis migratoria de los venezolanos en la región por solicitud del secretario general, el uruguayo Luis Almagro.

Almagro afirmó que la "OEA está lista para, precisamente contribuir y articular respuestas coordinadas". Así mismo, "facilitar procesos de diálogo para la armonización de la acogida a los venezolanos que necesariamente llevará una mejor distribución de la carga; mantener el diálogo regional con participación de las más altas autoridades el país. Reunir líderes locales y municipales que asumen día a día la atención de estas poblaciones". Y enfatizó en que "es vital continuar la discusión regional para armonizar los marcos legales".

"La discusión de hoy permitió mapear los retos asociados con lo que se caracterizado como el mayor desplazamiento humano que ha visto la región en tiempos reciente", aseguró Almagro para cerrar la sesión.

Igualmente agradeció a los países que han recibido a los venezolanos. "Cuenten con la OEA para apoyarlos en la coordinación de acciones oportunas para estos desplazados que tanto la necesitan", señaló.

“La más mínima decencia humana nos exige protegerlos, auxiliarlos, ayudarlos. Una tarea que la dictadura parece no estar dispuesta hacer. Pero también lo hace el derecho internacional. No lo olvidemos y no dejemos que se olvide. Esta obligación no la impone el derecho internacional”, indicó el secertario general del organismo.

Informó que decidió crear un grupo de trabajo para realizar un informe completo sobre la movilización de los venezolanos por América Latina, que evalúe la escala completa de la situación de los venezolanos fuera de su país y presente recomendaciones.

Además, comenzará las acciones de captación de recursos financieros para responder las necesidades en el terreno e implementar las recomendaciones, si fuese necesario.

Medidas acordadas para afrontar la crisis

Por su parte, María Claudia Pulido, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, hizo el pronunciamiento de 17 medidas para afrontar esta situación.

Entre estas medidas tomadas como declaración conjunta, expuestas por Pulido, se encuentran: prevenir que más personas se vea forzadas a migrar; es decir, promover que los estados puedan solicitar a Venezuela garantizar acceso y prestación de asistencia humanitaria a la población venezolana; permitir ingresar al territorio cuando busquen protección internacional o satisfacer necesidades humanitarias.

Así mismo, expandir canales regulares, seguros, asequibles de la migración, a través de progresiva expansión de liberación de visas, protección complementaria, temporal, visas de trabajo, reubicación familiar, etc. Canales asequibles en términos económicos y jurídicos.

Otra medidas son el reconocimiento de la condición de refugiado a venezolanos, si su vida está amenazada; la adopción de respuestas colectivas de protección, implementar mecanismos que permitan identificar a las personas que requieran ayuda y protección internacional, proteger y brindar asistencia humanitaria a venezolanos que se encuentran en el ámbito de su jurisdicción. Garantizar apoyo compartido de rescate, protección y alojamiento.

Pulido enfatizó en establecer mecanismos para coordinar operaciones de búsqueda y rescate, tratamiento digno a resto de fallecidos, localización de familias. En garantizar el derecho a la nacionalidad y muy importante: no criminalizar la migración, con cierre de fronteras, detención migratoria, deportaciones arbitrarias y criminalización.

A efectos de prevenir la discriminación y xenofobia, los estados deben implementar campañas educativas y de sensibilización. También, es importante garantizar el acceso igualitario a la justicia, sancionar el delito de la trata de personas, promover la integración social y la resiliencia, y autorizar y dar facilidad para que organismos internacionales puedan visitar los estados del continente para asistencia técnicas.

Como conclusión, dijo Pulido, se busca "responder eficazmente a los desafíos de la migración; necesitamos políticas regionales innovadoras, basadas en cooperación, enfocadas en protección de derechos humanos". E hizo un llamado a la participación y liderazgo no solo los estados, también del sector privado, academias, medios de comunicación y sobre todo, la voluntad políticas de los gobiernos de la región.

Antes de exponer las medidas, Pulido afirmó que se ha monitoreado, a través de diferentes mecanismos, la grave crisis política, económica y social de Venezuela y habló de informes sobre las masivas de derechos humanos en la mayoría de la población. Enfatizó en que la migración representa le mayor desafío de la región que se ha presentado en los últimos años y las más grave crisis humanitaria

Con el fin de contribuir a la respuesta de esta grave situación, Pulido resaltó la resolución 218, discutida por la CIDH, en marzo, "con el objetivo principal es brindar orientación a los estados de la región sobre las medidas a adoptar para responder al desplazamiento masivo de venezolanos, antes, durante y después del desplazamiento”.

En la reunión, también intervino Andrew Selle, presidente del Instituto de Política Migratoria, quien afirmó que hay pocos países en las Américas que no están afectados por esta crisis migratoria. "El flujo migratorio venezolano es uno de los más largos en un tiempo corto a nivel mundial. (...) Y dijo que "hay pocos lugares donde una migración tan grande se haya recibido con tanta solidaridad".

La delegación de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA) indicó que la situación que atraviesa Venezuela no es una catástrofe natural y pudo ser prevenida.

“A través su muy mala gestión y su corrupción total, el régimen de Maduro ha creado una situación y una crisis económica y política catastrófica que ha obligado a miles a irse del país buscando medicina y alimentos”, dijo la delegación durante la sesión del organismo sobre la migración venezolana.

Aseveró que el gobierno de Nicolás Maduro no quiere publicar datos sobre el estado de salud de sus ciudadanos para negar la existencia de la crisis humanitaria en el país.

“La crisis económica y política de Venezuela tiene terribles consecuencias humanitarias a medida que aumentan los precios y caen los salarios los padres vuelven a las casas con sus bolsillos vacios y los niños van a la escuela con estómagos vacios”, afirmó el representante de la delegación.

El diplomático agradeció a todos los países que han ayudado a los migrantes venezolanos y resaltó que Estados Unidos está aumentando su asistencia para poder atender a los que se encuentran en Colombia y en otros países vecinos.

En la sesión, el embajador de México reconoció los esfuerzo emprendidos por gobiernos de la región que han recibido familias en sus territorios y han tomado medidas para proteger los derechos de movilidad humana. Y reiteró la disposición de su país de seguir "apoyando al pueblo venezolano en estos graves momentos".

Por su parte, Fernando Simas, representante de Brasil ante la OEA, dio que "la única solución duradera a la crisis migratoria es la restauración de la plena democracia en Venezuela".

Posición de Venezuela

Samuel Moncada, representante de Venezuela ante la ONU y embajador permanente alterno ante la OEA, reconoció que la región tiene graves problemas y se necesita una colaboración para el tratamiento, pero afirmó que “este consejo permanente se ha convertido en una oportunidad para imponer intereses de un grupo de países guiado por la potencia más importante de la región”.

"Todo lo convierten en guerra, en arma", añadió. “Este consejo permanente hace una convocatoria con el intento de darle cabida a los agresores de nuestros intereses personales (...) La OEA destruye su institucionalidad si el propósito es destruir a Venezuela”.

Y dijo, a propósito del supuesto reciente atentado terrorista en contra del presidente venezolano que “No se valida a Maduro, si se trata de condenar actos terroristas (en Venezuela)".

También acusó a Andrew Selle de ser el responsable de las violaciones de los derechos humanos de Venezuela.

Incluso, arremetió en contra de Carlos Trujillo, representante de Estados Unidos ante la OEA, al afirmar que había dicho que "Estados Unidos no era el que iba a ir a Venezuela, como pensamos nosotros, sino las fuerzas multinacionales de Brasil, Chile, Colombia y Perú (...) Ya sabemos que la guerra no es entre Estados Unidos y Venezuela, sino que está empujando a una guerra entre latinoamericanos. Que nos matemos nosotros. Nos están usando como carne de cañón".

Y concluyó: "Vemos a la OEA como un instrumento de agresión contra Venezuela y rechazamos que pueda incidir en nuestro pueblo y nuestro gobierno".

Reunión previa

Antes de dar inicio a la sesión extraordinaria, el diputado José Manuel Olivares se reunió con el secretario Luis Almagro para solicitar el estatus de refugiado a los venezolanos que salen de su país.

"La reunión de hoy en la OEA busca dar argumentos para que se tomen decisiones sobre la crisis migratoria de venezolanos", señaló a la Voz de América el diputado Olivares, quien considera que el primer paso debe ser dejar de llamar diaspora o inmigrantes a los venezolanos que abandonan su país. “Ellos deben ser llamados refugiados y desplazados”, agregó

El vicecanciller peruano Hugo de Zela adelantó el miércoles a la radio peruana RPP que la reunión será "fundamentalmente informativa" y en la agenda está prevista una presentación de Almagro, de una secretaría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de Andrew Selee, presidente del Instituto de Política Migratoria con sede en Washington.

"Una vez que se tengan los elementos de juicio que presenten estos personajes se hará una consideración, que probablemente no será hoy, un pronunciamiento entre países", dijo de Zela, quien fue jefe de gabinete de la secretaría general de la OEA en 2011.

La sesión extraordinaria se realiza luego que el martes en Quito un total de once países de la región --Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay-- suscribieron una declaración en la que reiteran su preocupación por "el grave deterioro de la situación interna que provoca la migración masiva de venezolanos".

Más de 2,3 millones de personas, un 7% de la población total de Venezuela, han dejado el país sudamericano en los últimos tres años de acuerdo con cifras de Naciones Unidas. La mayoría se ha refugiado en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. De acuerdo al Fondo Monetario Internacional (FMI) la economía de Venezuela podría cerrar el año con una inflación de hasta un millón por ciento.

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