La Comisión Interamericana de Derechos Humanos atraviesa una grave crisis financiera y debe suspender visitas, audiencias y despedir el 40% de su personal si no la resuelve antes del 15 de junio.
El organismo defensor de los derechos humanos en el hemisferio obtiene sus fondos a través de la OEA, que le destina el 6% de su presupuesto, y de donaciones de gobiernos y entidades como la Unión Europea, pero este año esos recursos se han reducido drásticamente.
“Nuestro trabajo está en riesgo en función de la situación financiera”, dijo el presidente de la CIDH, James Cavallaro, en abril pasado.
Ahora, la CIDH se aferra a que la próxima Asamblea General de la OEA a realizarse en junio en Lima, Perú, adopte un nuevo compromiso de apoyarla y a que los gobiernos del continente, los países observadores de la OEA y otros posibles donantes realicen aportes.
“Esto significa aumentar de forma radical el presupuesto del fondo regular de la OEA y asignar a la CIDH y al Sistema Interamericano de Derechos Humanos en general los recursos necesarios para el cumplimiento del mandato asignado por los propios Estados”, dijo el organismo.
Los estados asignan unos $5 millones de dólares para un organismo que requiere seis veces esa cifra, según la secretaría ejecutiva de la Comisión.
Por otro lado, la Unión Europea, uno de los mayores donantes del sistema, tuvo que atender este año otras crisis más cercanas como la situación de los refugiados y el conflicto de Siria.
Los fondos ordinarios de la OEA financia solo a 31 empleados de la CIDH, mientras que los 47 funcionarios restantes son financiados con las donaciones.
