Debido a la decapitación de varios estadounidenses por el grupo extremista Estado Islámico, la administración del presidente Barack Obama ordenó una revisión de la forma en la cual busca asegurarse de que los ciudadanos secuestrados en el exterior sean liberados.
La revisión llega en el momento en que familiares de los estadounidenses asesinados se han quejado que el país no hizo todo lo que pudo para salvar la vida de sus seres queridos.
El Departamento de Estado señaló que un "pequeño número" de estadounidenses continúa bajo el poder del Estado Islámico, pero el vocero Jeff Rathke se negó a proporcionar una cifra.
A diferencia de países europeos, que han pagado millones para rescatar a sus ciudadanos de las garras del Estado Islámico y otros grupos terroristas, Estados Unidos ha señalado que nunca negocia con grupos extremistas.
El vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo que Obama ordenó la revisión durante el verano boreal dada la barbárica naturaleza de los asesinatos de estadounidenses.
“El presidente continúa creyendo, al igual que otros mandatarios en el pasado, que va en contra de los intereses de EE.UU. pagar por el rescate a una organización, menos una terrorista. Y la razón es simple, no queremos poner a más estadounidenses en riesgo en el mundo”, dijo Earnest.
El Estado Islámico primero decapitó a James Foley, de 40 años. Luego asesinó a Steven Sotloff, de 31 años. El domingo, el grupo posteó un video con la decapitación de Peter Kassig.
El representante Duncan Hunter pidió recientemente en una carta al presidente designar a un representante del gobierno el liderar esfuerzos para rescatar a estadounidenses de manos de grupos terroristas.
“Es mi convencimiento que no estamos haciendo todo lo posible”, escribió Hunter, miembro del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes.
Tras la muerte de su hijo, los padres de James Foley hicieron público su descontento sobre la forma en que el gobierno evaluó si su hijo podía ser rescatado, según el New York Times.
El Acta Patriota prohíbe al gobierno pagar o asistir a organizaciones terroristas, pero el asunto ha sido discutido en el gobierno una vez que comenzaron las decapitaciones, según la AP.
