El presidente de EE.UU., Barack Obama, está bajo presión con miras a proteger el futuro de centenares de miles de inmigrantes traídos a Estados Unidos de niños, y que pudieran ser deportados bajo el gobierno de Donald Trump.
En sus últimas semanas en la Casa Blanca, sus opciones parecen ser pocas.
Al menos 50 congresistas demócratas están presionando a Obama para que dé el paso excepcional, aunque no sin precedentes, de otorgar perdones a los jóvenes inmigrantes que se han identificado como dreamers a cambio de la promesa de que no serán deportados.
La Casa Banca, no obstante, ha descartado reiteradamente esa medida.
Varios legisladores republicanos están preparando propuestas para solidificar la posición de los dreamers antes de que Trump asuma la presidencia el 20 de enero.
Gestiones similares han fracasado anteriormente, incluso con mayorías demócratas en ambas cámaras, así que las probabilidades de éxito de una legislación no son grandes.
Eso deja a más de 741.000 inmigrantes preguntándose qué les espera.
Los planes de Trump para la orden ejecutiva de Obama no están claros. Como candidato, Trump prometió el fin inmediato de lo que llamó "una amnistía ilegal". Sin embargo, como presidente electo, ha suavizado esa postura.
"Vamos a elaborar algo que va a enorgullecer y hacer felices a muchas personas", dijo Trump en una entrevista con la revista Time el mes pasado.
"Ellos fueron traídos aquí a una edad muy temprana, han trabajado aquí, han estudiado aquí. Algunos fueron buenos estudiantes. Algunos tienen empleos excelentes y están en esa tierra de nadie porque no saben qué va a pasar".
El programa de Obama permitió a jóvenes inmigrantes traídos de niños a Estados Unidos que se identificaran ante las autoridades y se sometieran a revisiones de antecedentes a cambio de ser protegidos de deportación y poder solicitar permisos de trabajo.
Los inmigrantes deben volver a presentarse al programa y solicitar los permisos de empleo cada dos años.
Aunque el gobierno prometió a los inmigrantes que no enfrentarían deportación, el programa no provee un estatus migratorio legal.
Bajo Trump, su información personal y la de algunos de sus familiares pudieran quedar muy pronto disponibles para funcionarios de inmigración.
