El presidente de Nicaragua Daniel Ortega otorgó la nacionalidad nicaragüense al expresidente salvadoreño Mauricio Funes, acusado de actos de corrupción, y a su familia, ahora asilados en el país.
El anuncio de la nacionalidad se hizo efectivo mediante la resolución número 3119, publicada en La Gaceta, diario oficial, que entró en vigencia este martes 30 de julio.
El analista político y abogado Eliseo Núñez sostiene que Funes no cumplió con los requisitos para su nacionalización y calificó como un grave error político la decisión del mandatario nicaragüense.
Los requisitos a los que se refiere Núñez son: ser residente temporal, dos años como residente permanente, y tener una certificación de las autoridades policiales de su país de origen que no estar siendo perseguido por ningún delito.
“Definitivamente el otorgamiento de ciudadanía es ilegal, y además de ser ilegal es un tema que pone en contracción directa con el gobierno de El Salvador, que puede tener consecuencias diplomáticas y económicas, porque recordemos que El Salvador es nuestro principal comprador de productos lácteos en el extranjero, así como carne y frijol rojo”, dijo el analista a la Voz de América.
Núñez aseguró que, con la decisión de nacionalizar a Funes, luego de que El Salvador solicitara su extradición, el presidente Daniel Ortega está retando al gobierno de este país, empeorando las relaciones diplomáticas con los países centroamericanos.
“Darle la ciudadanía nicaragüense en estas circunstancias es un reto, no al Estado de Derecho en Nicaragua, que en si mismo lo es, sino que es un reto al estado de El Salvador que ha venido demandándolo y Ortega le complica la situación dándole esta ciudadanía”, afirmó.
El diputado liberal Máximo Rodríguez criticó la decisión asumida por el ejecutivo: “El dictador Ortega no debería de darle oportunidad a un individuo que no está muy claro que paso con los 350 millones de dólares que le robo al erario público salvadoreño, recordemos que estos países centroamericanos, nuestra gente se está yendo y se ha ido por falta de oportunidades”, enfatizó.
La Fiscalía salvadoreña acusa a Funes de malversar 351 millones de dólares del presupuesto público junto a familiares, amigos y exfuncionarios. En abril de este año, además, la Fiscalía decomisó 61 propiedades vinculadas a Funes y adquiridas con supuestos fondos públicos por personas cercanas al expresidente. Funes acumula cuatro órdenes de captura por casos ligados a corrupción.
Por su parte, el actual presidente de El Salvador, Nayib Bukele, expresó a través de sus redes sociales que Funes comete un grave error. “Su argumento siempre había sido de que él era un perseguido político. Y que él no era un criminal o un ladrón, sino que era un perseguido político por lo tanto él había pedido asilo político en Nicaragua. En efecto, los asilos políticos se dan a los perseguidos políticos, pero este día, al convertirse en nicaragüense, no puede pedir asilo político en el país de él, Nicaragua, por lo tanto, desaparece su asilo político y simplemente es un criminal”, expresó el mandatario salvadoreño.
