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México y EE.UU. evaluarán acuerdo migratorio en 45 días


El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, derecha, negó que existan acuerdos secretos con EE.UU. y que confía que se produzcan avances en el control fronterizo.
El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, derecha, negó que existan acuerdos secretos con EE.UU. y que confía que se produzcan avances en el control fronterizo.

Las medidas acordadas entre México y Estados Unidos para reducir el flujo de migrantes centroamericanos que llegan a México serán evaluadas en un plazo de 45 días, dijo el lunes el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard.

El canciller dijo en la conferencia de prensa diaria del presidente Andrés Manuel López Obrador que si México logra reducir el número de migrantes que entran al país, demostrará que los pasos tomados por el gobierno mexicano están funcionando. Agregó que no se fijó un número específico.

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El canciller mexicano señaló que no existen acuerdos secretos entre México y Estados Unidos y que lo único a lo que se comprometieron ambos gobiernos es a evaluar el acuerdo en 45 días y volver a negociar si el flujo de migrantes no disminuye.

Si esto ocurriera, explicó Ebrard, Washington volverá a poner sobre la mesa su propuesta para que México sea tercer país seguro es decir -que los migrantes tengan que pedir asilo en México antes que en Estados Unidos- y el gobierno mexicano, por su parte, propondrá que se establezca un sistema de refugio regional y que en las conversaciones participen tanto el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados como los gobiernos de Guatemala, Panamá y Brasil, por donde entran o pasan muchos migrantes.

En cualquiera de los casos, agregó el canciller, el Poder Legislativo mexicano deberá pronunciarse sobre cualquier iniciativa que pudiera salir de esas nuevas conversaciones.

El secretario de Exteriores contestó así a los mensajes en Twitter de Donald Trump quien afirmó que había "otra parte muy importante del acuerdo de Inmigración y Seguridad con México, una que Estados Unidos estuvo pidiendo durante años", que sería "revelado en un futuro no muy lejano y necesitará un voto del cuerpo legislativo de México".

Según Ebrard, Estados Unidos quería que se firmara "otra cosa totalmente diferente... Pero eso es lo que está aquí, no hay ninguna otra cosa que no sea esto que acabo de explicar: día 45 es la evaluación y si no logramos los resultados, tendríamos que participar en discusiones para un acuerdo que incluya el retorno de solicitantes de asilo bajo una perspectiva regional", agregó sin ofrecer más explicaciones sobre este último punto.

El jefe de la diplomacia mexicana también reconoció que en el acuerdo suscrito entre ambos países no se aclara cuánto debe bajar el flujo de migrantes, lo que deja la puerta abierta a diferentes interpretaciones por parte de los dos países y a que regrese la amenaza de imponer aranceles.

De hecho, Ebrard reconoció que lo que le gustaría a Estados Unidos es tener cero migrantes que pasen por México. "Ellos dicen que cero... que no pasen por México, pero evidentemente yo creo que esa es una posición imposible, muy difícil".

También señaló que el gobierno mexicano ha vivido "el momento más difícil de la relación" con Washington porque lo que Estados Unidos les planteó fue "casi un ultimátum, bueno, quítenle el casi".

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el lunes se reuniría con todo el gabinete para analizar la implementación del acuerdo con Estados Unidos y la puesta en marcha de un plan "que nos permita cumplir los compromisos y evitar en el futuro cualquier amenaza de imposición de aranceles". Agregó que "estoy seguro que vamos a tener buenos resultados".

El actual pacto para evitar los aranceles a todas las importaciones mexicanas compromete a México a recibir a todavía más centroamericanos solicitantes de asilo en Estados Unidos para que esperen su trámite en la frontera norte de México y a reforzar el control de la frontera sur con el despliegue de la Guardia Nacional.

El canciller recordó que ninguna de estas dos medidas son nuevas. El gobierno estadounidense ha retornado a México a más de 10.000 centroamericanos para que esperen en este país sus trámites de asilo desde el 29 de enero.

Tampoco es nuevo que México despliegue a la Guardia Nacional en la frontera sur pero, según Ebrard, la diferencia es que se hará de forma más rápida. El canciller indicó hace unos días en Washington que serían 6.000 los efectivos que se destinarían a esa zona.

"No podemos tener transitando por México a 600 mil personas y no sabemos cómo se llaman. Entonces, la decisión que se está tomando es que vamos a pedirles que se registren y vamos a decirles qué opciones hay", explicó el canciller mexicano.

Al mismo tiempo, Ebrard garantizó que se respetarán los derechos humanos de los migrantes, pero añadió que debido al flujo de personas que ingresan a su país iniciarán un proceso de registro.

A fines de marzo, cuando ya se habían endurecido los mensajes de Washington para controlar el creciente flujo de migrantes, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció que se pondría una especie de cinturón de contención en el istmo de Tehuantepec, la zona más estrecha del sur del país.

Durante abril y mayo hubo un incremento notable de las acciones de contención de migrantes que se tradujo en muchas más detenciones y deportaciones y en un despliegue más visible de policía militar, soldados, marinos y policías federales - elementos que conformarán la Guardia Nacional hasta que haya nuevos reclutas- en apoyo a las labores de los agentes migratorios.

El gobierno mexicano subrayó además que el acuerdo firmado compromete a Washington a cumplir su inversión para el desarrollo de Centroamérica, un punto que al gobierno estadounidense le hubiera gustado sacar, según Ebrard, pero no lo consiguió.

Ni el presidente ni el canciller ocultaron que el tono de todas las conversaciones fue muy duro pero "se impuso la política a la confrontación", dijo López Obrador.

"Aun cuando la evaluación comienza en 45 días yo propuse, y así está en el acuerdo, que cualquier decisión que se tome se haga en un plazo de 90 días", dijo el mandatario. El objetivo "es demostrar que se puede atemperar el flujo migratorio sin el uso de la fuerza, respetando los derechos humanos, con programas de apoyo a la producción y al empleo para que la gente no se vea obligada a emigrar".

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