El gobierno de México realizará nuevas búsquedas para dar con el paradero de los 43 estudiantes de magisterio desaparecidos en 2014, como parte de un relanzamiento de las investigaciones del caso que evidenció serias fallas en el sistema de justicia mexicana, dijo el jueves el fiscal a cargo.
Al cumplirse cinco años del caso, el fiscal Omar Gómez informó que a partir de la próxima semana comenzarán a ser llamados a declarar varios exfuncionarios que participaron en las primeras pesquisas, entre ellos, el entonces procurador general Jesús Murillo Karam.
“Empezaremos a citar a todas aquellas personas, funcionarios públicos, que en ese entonces tenían un cargo a rendir sus declaraciones ministeriales”, dijo el fiscal especial para el llamado caso Ayotzinapa.
Según investigadores independientes, los estudiantes no fueron asesinados y quemados hasta convertirse en ceniza, en un basurero, las pruebas demuestran la imposibilidad de esto y aun no se sabe si los 43 están vivos o muertos.
Una hipótesis es que los jóvenes secuestraron un bus que llevaba droga hacia Chicago, en Estados Unidos, y eso llevó a una reacción tan fuerte de la policía local, la cual se descubrió posteriormente que tenía vínculos con el narcotráfico.
El fiscal Gómez, quien participó en la tradicional conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, también afirmó que podrían volver a prisión decenas de personas ligadas al caso que fueron liberadas.
También el expresidente Enrique Peña Nieto podría ser citado, afirmó el fiscal especial, porque, dijo, “nadie está por encima de la ley”.
"Esta nueva actitud del gobierno seguramente marca un cambio con el pasado", afirma Martha Singer Sochet, profesora de ciencias políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Según la profesora, encontrar a los estudiantes sería un símbolo muy fuerte para México y se llegó, ahora, a esta vuelta de timón en el caso, sobre todo gracias a los padres de los 43 desaparecidos, quienes en 5 años han luchado incesantemente para que sus hijos no sean olvidados.
Por otro lado, el gobierno de AMLO reconoció como verdaderas las revelaciones del GIEI, el grupo internacional de investigadores que desacreditó la versión de los hechos del gobierno anterior, y retomará sus descubrimientos.
Carlos Beristain, que fue parte del GIEI, comenta la nueva actitud de las autoridades mexicanas. "De hecho, las investigaciones estuvieron plagadas de irregularidades y muchas de las detenciones de los presuntos implicados fueron hechas ilegalmente y, para obtener las confesiones, se usó la tortura", señalan los investigadores.
De los 142 detenidos en el caso, principalmente policías municipales y supuestos miembros del grupo al margen de la ley Guerreros Unidos, 77 han sido liberados, entre ellos, el presunto narcotraficante Gildardo López Astudillo, uno de los principales implicados y clave para saber el paradero de los estudiantes, indica la investigación.
