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México dice que Ley de Inmigración en Texas perjudica relaciones

  • Anne Malinee

Manifestantes marchan frente a la corte federal en Nueva Orleans, el 22 de septiembre de 2017, para protestar contra las leyes de inmigración.

Una ley de Texas que se opone a las llamadas ciudades santuario dañaría las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y México, argumentó el Gobierno mexicano en un escrito presentado ante un tribunal de apelaciones.

La denuncia presentada el jueves ante el Tribunal de Apelaciones del Quinto Distrito en Nueva Orleáns, alega que cada vez que los funcionarios estatales o locales actúan de manera incorrecta al defender la ley de santuario, el gobierno federal de los EE. UU, no podrá resolver el problema ni evitar problemas similares.

Por lo tanto, se corre el riesgo "de que las acciones de un estado o de sus funcionarios con respecto a la aplicación de la ley de inmigración puedan dañar irreparablemente los intereses de la política exterior de los EE. UU. con respecto a un país en particular”, dice el escrito.

La ley de inmigración de Texas, conocida como SB 4, parece ser la más difícil del país. Además de prohibir las llamadas ciudades santuario (jurisdicciones que eligen no cumplir con la ley federal de inmigración), permite que los agentes policiales, cuestionen el estatus migratorio de las personas que detienen o arrestan.

La ley además busca castigar a las autoridades locales que no cooperen con las órdenes de detención federales para entregar inmigrantes que podrían estar sujetos a deportación. El castigo podría ser desde penas de prisión, hasta sanciones superiores a los $ 25,000.

La ley fue aprobada por la mayoría republicana en abril y promulgada por el gobernador de Texas en mayo. La SB 4 fue impugnada casi inmediatamente en un tribunal federal, que dictaminó en agosto que la medida, no podría entrar en vigencia porque estaba en conflicto con la ley de inmigración de los EE. UU.

A fines de septiembre, un tribunal de apelaciones permitió parcialmente la implementación de la ley, mientras estudiaba la apelación de fondo, dando el aval de cumplimiento a la sección de la norma, que solicita a los funcionarios de prisiones, cumplir con todas las órdenes de detención.

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ARCHIVO - Residentes de la frontera mexicana y miembros de la Red Fronteriza de Derechos Humanos (BNHR) sostienen carteles y pancartas durante una protesta contra la militarización fronteriza y la deportación de niños, frente a un centro de detención en El Paso, Texas, el 24 de agosto de 2017.
ARCHIVO - Residentes de la frontera mexicana y miembros de la Red Fronteriza de Derechos Humanos (BNHR) sostienen carteles y pancartas durante una protesta contra la militarización fronteriza y la deportación de niños, frente a un centro de detención en El Paso, Texas, el 24 de agosto de 2017.

Mientras la apelación a la ley, es respaldada por las ciudades más grandes de Texas, 11 estados y el gobierno federal apoyan la norma.

México se unió a las ciudades tejanas que respaldan la apelación, después de que la ley generara preocupación en la comunidad mexicana.

El Instituto de Política Migratoria estima que alrededor de 2,5 millones de personas que viven en Texas son nacidas en México, y un informe de México dice que la SB 4 ha causado "miedo, pánico e incertidumbre".

Entre mayo y septiembre de este año, la cantidad de llamadas telefónicas al Gobierno mexicano aumentó en 818 por ciento, en comparación con 2016.

El argumento principal de México al oponerse a la norma, es que la ley de inmigración de los EE. UU. es un asunto federal, no solo estatal.

"Los tribunales deben analizar minuciosamente cualquier ley estatal de inmigración que requiera que los gobiernos extranjeros negocien o interactúen con los diferentes estados para proteger los intereses de sus ciudadanos", dice el escrito presentado el jueves, y agrega que las leyes estatales tienen el poder de "dañar la política exterior de Estados Unidos".

Una moción federal presentada ante la corte de apelaciones hace una semana, precisó que la cooperación estatal y local con las solicitudes de detención, son una cuestión de seguridad pública.

"Sin esa cooperación, los extranjeros serían liberados nuevamente en las comunidades, lo que requeriría que los funcionarios federales intenten detenciones más peligrosas en las calles", agrega la moción.

El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito es considerado uno de los más conservadores del país. Los argumentos orales en el caso están programados para el 7 de noviembre.

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