Una demanda contra la Ley Migratoria de Carolina del Sur fue presentada por 16 naciones latinoamericanas, las cuales unen su planteo al recurso interpuesto por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
La lista de naciones de América Latina y el Caribe incluye a: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú y Uruguay.
Las naciones demandantes sostienen que plantean la demanda ante temores de que cause que sus ciudadanos sean objeto de discriminación autorizada por el estado.
También, los países que se sumaron al litigio, sostienen que la relación con Estados Unidos es entre naciones y la misma no debería ser afectada por las acciones de los estados y por la misma razón también impugnaron la nueva ley migratoria de Alabama.
En la demanda, presentado la semana pasada por el Departamento de Justicia en Charleston, Carolina del Sur, abogados federales pidieron a la corte impedir que el estado aplique la ley que entra en vigor en enero de 2012.
El fiscal federal en Carolina del Sur, Bill Nettles,, destacó que la ley viola el derecho a un debido proceso y es inconstitucional.
Tal como ocurre con leyes similares aprobadas o en proceso de debate en Estados Unidos, la medida propuesta en Carolina del Sur, demandaría que agentes policiales reclamen la presencia de funcionarios federales de inmigración en caso de realizar una detención, si tienen la sospecha de que está en el país en condición de indocumentado.
Si bien la ley de inmigración de Carolina del Sur no autoriza a retener a presuntos indocumentados, los demandantes sostienen que alienta la caracterización racial.
La ley de Carolina del Sur que entraría en vigencia en enero de 2012, exige que las empresas utilicen un banco de datos del gobierno estadounidense para verificar el estatus legal de los funcionarios que deseen contratar y de no hacerlo pueden perder su licencia para operar en el estado.
A la misma vez cambio la condición a la de delito mayor la falsificación de identificaciones falsas, así como dar alojamiento a inmigrantes indocumentados.
El Departamento de Justicia está impugnando leyes similares en otros estados como Alabama y Arizona, y también está analizando las leyes propuestas en Utah, Indiana y Georgia.
