La Iglesia Católica afirmó el jueves que no favorece la impunidad de los violadores a los derechos humanos bajo la dictadura militar, quienes presionan por obtener beneficios carcelarios para salir en libertad.
El secretario de la Conferencia Episcopal, Fernando Ramos, respondió a familiares de víctimas de la dictadura militar que ocuparon la Catedral de Santiago y se encadenaron a las bancas del templo, en protesta por lo que pensaron era un apoyo de la Iglesia Católica a la liberación de violadores de los derechos humanos ya ancianos o con enfermedades terminales o mentales
"Nosotros como Iglesia no favorecemos la impunidad, menos con los graves delitos de lesa humanidad", aseguró Ramos.
La ocupación del templo fue también en rechazo a una misa ecuménica fijada para el viernes dentro del penal de Punta Peuco, 40 kilómetros al norte de Santiago, en la que se ha anunciado que ocho criminales de lesa humanidad pedirán perdón por sus acciones criminales bajo la dictadura (1973-1990).
Ramos aclaró a las mujeres encadenadas que lo del viernes "es un acto privado" a la que algunos reos invitaron a pastores católicos y no católicos.
"Quiero repetir que nosotros como Iglesia no favorecemos la impunidad, menos con los graves delitos de lesa humanidad", agregó.
En la víspera el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Santiago Silva, declaró que lo que buscan los reos de la cárcel de Punta Peuco, "es que tengamos un poco más de humanidad y es también lo que propone la Iglesia", respecto a los presos viejos y enfermos. Adujo que varios están con demencia senil.
Rosa Silva, encadenada junto a su hermana en la Catedral, dijo a The Associated Press que ingresó al templo "para decirle a este país que no queremos que nadie perdone en nuestro nombre a los asesinos que torturaron, desaparecieron y callaron...estamos aquí con respeto".
Añadió que se trata de un "gesto de molestia, de dolor" porque "el mundo ecuménico pretende reírse de nosotros".
Silva es hija de Mario Silva Hiriarte ejecutado sumariamente por una comitiva militar poco después del golpe del general Augusto Pinochet. "Nos vamos a quedar acá hasta que tengamos un pronunciamiento (de la Iglesia)", enfatizó, mientras una treintena de personas apoyaban con gritos y pancartas sus demandas.
Cecilia Heyder, encadenada detrás de Silva, dijo a la AP que protesta porque "no puede haber impunidad para ningún violador a los derechos humanos" y en memoria de su padre, el capitán de ejército Osvaldo Heyder, quien "se negó a hacer desaparecerá la gente y por eso lo mataron".
Prisioneros sobrevivientes a las torturas testificaron del buen comportamiento de Heyder con los presos políticos.
En Punta Peuco hay unos 120 dos por violaciones a los derechos humanos, la mayoría son exmiembros de las fuerzas armadas y exagentes de la policía represiva de la dictadura. Cumplen sentencias por asesinatos, torturas, violaciones sexuales a hombres y mujeres, desapariciones, y ejecuciones ilegales.
La dictadura dejó 40.018 víctimas -incluidos 3.095 asesinados- de los cuales más de un millar siguen desaparecidos.
Hay más de un millar de juicios abiertos contra violadores de los derechos humanos quienes, debido a un denunciado "pacto de silencio" no han colaborado para el esclarecimiento de los hechos y solamente han podido ser identificados los restos óseos de 167 víctimas del régimen castrense.
