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EE.UU. autoriza extradición de ex ministro colombiano Andrés Felipe Arias

  • Voz de América - Redacción

Según los abogados del ex ministro de Agricultura, aún tienen por presentar dos recursos de apelación.

Este jueves, el juez de los Estados Unidos, John O'Sullivan, autorizó la extradición del ex ministro de Agricultura de Colombia Andrés Felipe Arias condenado por la Corte Suprema de Justicia de ese país, por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros, y celebración ilegal de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales.

Arias, quien fue condenado por la justicia colombiana a pagar más de 17 años de prisión, quedó detenido inmediatamente por las autoridades estadounidenses al considerar que podría haber "intento de fuga".

El ex ministro, que viajó en 2014 a Estados Unidos tras la lectura del fallo en su contra en Colombia, hizo parte del gabinete de ministros del ex presidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez, quien estuvo presente en la audiencia final de extradición.

En 26 de julio de 2011, el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá Orlando Fierro, había ordenado llevar a la cárcel a Arias mientras se encontraba en Colombia, luego de que la Procuraduría lo destituyera e inhabilitara para ocupar cargos públicos por 16 años, situación que puso fin a la carrera política del destacado economista.

El programa de subsidios agrícolas se diseñó para ayudar a los campesinos a enfrentar la internacionalización de la economía, pero los fondos terminaron en manos de prestantes familias, la mayoría del norte del país.

Algunos de los beneficiarios parcelaron sus haciendas para recibir mayores recursos, de acuerdo con la investigación, que comprobó que millonarios recursos fueron entregados a través de subsidios a personas con poder económico y a empresas que apoyaron la primera reelección de Uribe, en el 2006.

La adjudicación de subsidios agrícolas fue uno de los peores escándalos que afrontó el Gobierno de Uribe, junto con las ejecuciones extrajudiciales de civiles por parte de algunos efectivos del Ejército y los seguimientos e interceptaciones ilegales de comunicaciones a magistrados, políticos de la oposición, periodistas y defensores de Derechos Humanos.

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