La demanda sostiene que ordenaron al ejército boliviano usar la violencia, para apaciguar las protestas, contra un plan de exportar gas natural a través de Chile.
Los nueve demandantes, son familiares de personas asesinadas por la violencia hace más de una década. Las protestas dejaron más de 60 personas muertas y cientos de heridos.
En medio del caos, Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín huyeron del país y se radicaron en el exilio en Estados Unidos.
El juez rechazó los esfuerzos de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín de desechar la demanda. Sus abogados sostuvieron que no pueden ser demandados en Estados Unidos por supuestos abusos que habían tenido lugar en Bolivia.
Sin embargo, el juez de distrito de Estados Unidos James Cohn dijo en un informe que sus argumentos no eran suficientes para impedir la demanda.
"Los acusados no sólo dirigieron la violenta campaña militar que llevó a la muerte de los familiares de los demandantes, sino que además ignoraron reiteradamente solicitudes para hallar una solución pacífica a las protestas frente a un creciente número de víctimas civiles", escribió Cohn.