Coincidiendo con la reanudación de las conversaciones de paz entre israelíes y palestinos, las tensiones dentro de Israel han dado un giro esta semana hacia otro conflicto: qué hacer con los beduinos que habitan en el desierto del Néguev.
El debate se ha agudizado en torno a un controvertido proyecto de ley (Prawer-Begin) que propone el desalojo de decenas de miles de beduinos de sus asentamientos, en el Néguev, en el sur del país, para reubicarlos en pueblos establecidos.
Los defensores del proyecto, que aún se discute en el parlamento, aducen que propiciará el desarrollo de la zona y facilitará por igual a judíos y beduinos una mejor educación. Pero quienes se oponen alegan que la ley es discriminatoria y hará que los beduinos pierdan para siempre el estilo de vida que han tenido durante siglos.
Uno de los críticos del proyecto, y coordinador de un foro en pro de la igualdad civil de los beduinos, Amir Abo Kweder, cree que el desplazamiento de más de 40 mil personas, el desalojo de decenas de comunidades y la confiscación de más 80 mil hectáreas de terrenos no ocasionará otra cosa que “más miseria, injusticia y tensiones” en un país “desesperado por paz”.
El reasentamiento de alrededor de 30 por ciento de los beduinos y su establecimiento en poblados aprobados por las autoridades israelíes, según la propuesta, les ofrecería una compensación financiera o en tierras, pero aquellos que no cumplan en el plazo establecido serán forzados al desalojo sin indemnización.
Amnistía Internacional ha calificado de discriminatorio” el proyecto de ley, y la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha urgido a Israel a que lo reconsidere. El debate se ha extendido ahora a los grupos judíos, que en su mayoría se oponen al proyecto.
La población de beduinos en Israel, en su mayoría asentada en la región del desierto y en condiciones de extrema pobreza, se estima en unos 160 mil. Más de la mitad de ellos habita en pueblos no reconocidos como tal y por lo tanto no cuentan con servicios públicos.
El debate se ha agudizado en torno a un controvertido proyecto de ley (Prawer-Begin) que propone el desalojo de decenas de miles de beduinos de sus asentamientos, en el Néguev, en el sur del país, para reubicarlos en pueblos establecidos.
Los defensores del proyecto, que aún se discute en el parlamento, aducen que propiciará el desarrollo de la zona y facilitará por igual a judíos y beduinos una mejor educación. Pero quienes se oponen alegan que la ley es discriminatoria y hará que los beduinos pierdan para siempre el estilo de vida que han tenido durante siglos.
Uno de los críticos del proyecto, y coordinador de un foro en pro de la igualdad civil de los beduinos, Amir Abo Kweder, cree que el desplazamiento de más de 40 mil personas, el desalojo de decenas de comunidades y la confiscación de más 80 mil hectáreas de terrenos no ocasionará otra cosa que “más miseria, injusticia y tensiones” en un país “desesperado por paz”.
El reasentamiento de alrededor de 30 por ciento de los beduinos y su establecimiento en poblados aprobados por las autoridades israelíes, según la propuesta, les ofrecería una compensación financiera o en tierras, pero aquellos que no cumplan en el plazo establecido serán forzados al desalojo sin indemnización.
Amnistía Internacional ha calificado de discriminatorio” el proyecto de ley, y la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha urgido a Israel a que lo reconsidere. El debate se ha extendido ahora a los grupos judíos, que en su mayoría se oponen al proyecto.
La población de beduinos en Israel, en su mayoría asentada en la región del desierto y en condiciones de extrema pobreza, se estima en unos 160 mil. Más de la mitad de ellos habita en pueblos no reconocidos como tal y por lo tanto no cuentan con servicios públicos.
