El Congreso de Perú suspendió temporalmente dos decretos de explotación de la selva que enfurecieron a los indígenas del Amazonas y los llevó a realizar manifestaciones que terminaron en violentos encontronazos con la policía.
Los decretos de explotación de la tierra de la selva amazónica fueron suspendidos por 90 días, aunque tanto indígenas como algunos opositores del gobierno piden que se deroguen las normas.
Hace más de 50 días que las comunidades indígenas amazónicas están en huelga. El 5 de junio, la Policía Nacional de Perú disolvió por la fuerza a los manifestantes que fueron convocados en la localidad de Bagua, en el departamento de Amazonas.
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Este enfrentamiento dejó un saldo de 79 manifestantes detenidos, 169 manifestantes heridos, 31 policías heridos, 24 policías muertos y nueve indígenas muertos, según la organización no gubernamental Amnistía Internacional.
Para el jueves se prevén movilizaciones indígenas, marchas y paros de 24 horas, según informó la agencia de noticias AFP.
Organismos internacionales critican al gobierno
Los decretos legislativos presentados por el presidente Alan García facilitarían a las empresas a conseguir permisos para realizar proyectos en la selva.
Los indígenas temen que no se respeten sus derechos y dijeron que van a protestar hasta que sean derogados de forma definitiva.
Amnistía Internacional rechazó la forma en la que el gobierno presentó los decretos.
“No se consultó a las comunidades indígenas sobre esta legislación, pese a que Perú ha ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que lo obliga a consultar con los pueblos indígenas cualquier decisión o legislación que afecte sus intereses”.
La organización también denunció el uso excesivo de la fuerza y dijo que el gobierno “no ha dado detalles sobre los heridos o los detenidos”.
En un comunicado, Amnistía Internacional dijo que existe una “honda preocupación por los informes sobre violaciones graves de derechos humanos cometidas en la operación policial de Bagua, departamento de Amazonas”.
Asimismo, instaron a las autoridades a garantizar que todas las personas reciban atención médica, que se publique una lista de las personas detenidas y los lugares donde se encuentran, y que los detenidos tengan acceso a un abogado y no se los torture.
Otra organización internacional, Human Rights Watch, pidió a la Fiscalía peruana una investigación “exhaustiva e imparcial”.