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HRW implica a Unidad especial de policía venezolana en ejecuciones extrajudiciales


La organización, Human Rights Watch, publicó un informe que responsabiliza a las Fuerzas de Acciones Especiales de Venezuela de ejecuciones extrajudiciales de jóvenes en barrios pobres.
La organización, Human Rights Watch, publicó un informe que responsabiliza a las Fuerzas de Acciones Especiales de Venezuela de ejecuciones extrajudiciales de jóvenes en barrios pobres.

Una unidad especial de la policía venezolana ha estado persiguiendo y ejecutando a jóvenes en barrios pobres, denunció el miércoles la organización Human Rights Watch (HRW).

El grupo defensor de los derechos humanos dijo que ha documentado nueve casos que involucran a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), en los que varios individuos fueron torturados o ejecutados, bajo el disfraz de “resistencia a la autoridad”, informó el organismo.

“Las fuerzas de seguridad venezolanas están haciendo justicia por mano propia, matando o deteniendo arbitrariamente a quienes acusan de cometer delitos, sin mostrar ninguna prueba”, afirmó José Miguel Vivanco, director de HRW para América.

El reporte es el segundo publicado en meses recientes y que menciona las supuestas violaciones cometidas por las FAES.

La oficina de la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU emitió un reporte extremadamente crítico en julio que concluía que muchas muertes clasificadas como “resistencia a la autoridad” podrían en realidad haber sido ejecuciones extrajudiciales encubiertas por la autoridad.

En total, la policía y las fuerzas de seguridad han supuestamente ejecutado a casi 18.000 personas en Venezuela, quienes, según las autoridades, se les resistieron al momento de su muerte, esto según cifras oficiales.

El gobierno de Maduro todavía no ha respondido al reporte de HRW, pero previamente ha defendido a las FAES ante señalamientos similares.

Otros grupos defensores han exhortado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a que establezca una comisión que investigue un amplio rango de abusos documentados, desde tortura hasta violaciones a los derechos a la alimentación y la salud, y se identifique a los responsables.

La información recopilada podría utilizarse en juicios criminales nacionales o internacionales.

“Ya que las víctimas no encontrarán justicia en Venezuela en la actualidad, es fundamental una investigación internacional independiente que pueda determinar la responsabilidad individual de los involucrados, incluidos en los más altos niveles del régimen”, dijo Tamara Traciuk Broner, subdirectora interina para América en HRW.

Las FAES fueron creadas en 2017 como una unidad de respuesta rápida con la responsabilidad de combatir la delincuencia organizada y el narcotráfico.

Maduro ha expresado reiteradamente su apoyo a las FAES y criticó el informe de la ONU por cuestionar la conducta de la unidad, diciendo que los investigadores manipularon los datos y que creyeron un discurso falso reportado ampliamente en la prensa.

HRW dijo que los casos que documentó siguen un patrón similar, en donde agentes armados de las FAES vestidos con uniformes negros llegan en camionetas pickup sin placas e irrumpen en casas de barrios pobres. Los familiares de varios de los hombres ejecutados dicen que las FAES manipularon la escena del crimen y la evidencia después de las muertes.

En uno de los casos, la madre de un joven ahora fallecido dijo que un agente de las FAES derribó su puerta principal a media tarde cuando estaba dentro con un hijo, una hija y los hijos de ésta.

Contó que el agente dijo que buscaba a un criminal escondido en el barrio y le mostró una fotografía de un grupo de hombres jóvenes entre los que estaba su hijo.

Los agentes sacaron de la casa a la mujer, su hija y los dos niños pequeños y después comenzaron a buscar al joven. Agregó que escuchó seis balazos y los agentes arrojaron el cuerpo del hijo en la parte trasera de su vehículo y lo llevaron a un hospital.

Contó que testificó ante dos agentes de investigación poco después del asesinato, pero todavía no ha sido contactada por los fiscales.

La mujer, cuyo nombre no develó HRW para evitar represalias, dijo que quiere que se haga justica para su hijo muerto. “No es posible que puedan decidir quiénes viven y quiénes mueren”, dijo ella al organismo.

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