El grupo activista de los derechos humanos, Human Rights Watch, criticó duramente este martes un acuerdo entre el gobierno y los rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, alcanzado a principios de mes en Cuba, diciendo que sacrifica los derechos de las víctimas a la justicia y garantiza la impunidad.
El pacto abre el camino a un acuerdo final de paz en los próximos meses.
Bajo los términos del convenio, los guerrilleros y militares serán juzgados por tribunales especiales de paz. Quienes confiesen crímenes graves, no irán a la cárcel sino que cumplirán una sentencia máxima de ocho años en proyectos especiales como limpieza de minas y reconstrucción de comunidades.
José Miguel Vivanco, el director de Human Rights Watch para las Américas; dijo que el acuerdo no cumple con los estándares aceptados internacionalmente de justicia y debería ser revisado por el Tribunal Penal Internacional.
Los rebeldes de las FARC están acusados de cometer una serie de abusos durante 50 años de lucha, desde crímenes sexuales a secuestros, en tanto que los líderes militares de Colombia se han visto implicados en asesinatos extrajudiciales de civiles a los que se ha pretendido hacer pasar por rebeldes.
"Ningún tribunal internacional ha permitido a criminales de guerra convictos evadir la cárcel por esos tipos de crímenes severos" dijo Vivanco en conferencia de prensa, en Washington.
El funcionario también criticó lo que llamó la falta de claridad sobre cómo serán nombrados los miembros del nuevo tribunal de paz.
El ministro del Interior de Colombia, Juan Fernando Cristo, defendió el acuerdo, diciendo que para hacer justicia se necesitan balancear otras metas como proveer una lista honesta de los crímenes y compensación para las familias de las víctimas, así como asegurar que la violencia nunca regrese al campo.
"Estoy seguro que una vez que Human Rights Watch mire de cerca el acuerdo, en su totalidad, va a entender que vale la pena", dijo Cristo en Bogotá.
