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Demandan a Fiscal General de EE.UU.


Eric Holder ha dicho que no estaba al tanto de la operación y ordenó una investigación interna de lo sucedido.
Eric Holder ha dicho que no estaba al tanto de la operación y ordenó una investigación interna de lo sucedido.

Un comité del Congreso presenta una demanda civil contra el también secretario de Justicia, Eric Holder, relacionada con la Operación “Rápido y Furioso”.

Un comité de la Cámara de Representantes de EE.UU. presentó este lunes una demanda judicial contra el Fiscal General, Eric Holder, que le exige entregar documentos relacionados con la polémica operación "Rápido y Furioso".

La demanda fue interpuesta por el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental ante el tribunal federal del Distrito de Columbia mes y medio después de que la cámara baja del Congreso declaró en desacato a Holder por negarse a entregar tales documentos.

El comité legislativo estuvo investigando la operación "Rápido y Furioso", en virtud de la que cientos de armas entraron a México entre 2009 y 2010 con la finalidad de identificar las redes que las hacían llegar a los narcotraficantes. Luego a muchas de esas armas se les perdió el rastro.

La petición judicial busca que la corte declare nulos los privilegios gubernamentales invocados por el presidente Barack Obama para eximir a Holder de responsabilidad en el caso.

Según el presidente del comité, el republicano Darrell Issa, se trató de una maniobra política del poder ejecutivo, con la finalidad de “detener la entrega de los documentos hasta las elecciones de noviembre".

El presidente y Holder culpan a su vez de lo mismo a los republicanos, quienes a su juicio están empeñados en originar un conflicto “innecesario” con el gobierno para tratar de obtener beneficios en un año electoral.

Como resultado de la fallida operación "Rápido y Furioso", se cree que más de mil armas que no han podido ser recuperadas fueron a parar a manos de miembros del crimen organizado.

Dos de esas armas, ambas fusiles de asalto AK-47 fueron halladas en el sitio donde fue asesinado en diciembre de 2010 agente de la Patrulla Fronteriza estadounidense Brian Terry.

Según analistas legales, podría demorar meses para que la demanda prospere en la corte del Distrito de Columbia tendiendo en cuenta probables procesos de apelación por parte del gobierno.
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