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Gobierno de Maduro dice que informe de Bachelet muestra "versión distorsionada" del país


El gobierno del presidente en disputa, Nicolás Maduro, dice que los datos recopilados en el informe de la ONU tienen errores.

El gobierno del presidente en disputa, Nicolás Maduro, rechazó el jueves el informe de la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet por considerar que muestra "una visión distorsionada" de la situación de los derechos humanos en Venezuela.

En un informe con 70 observaciones, el gobierno dice que se presenta "una visión selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos de la República Bolivariana de Venezuela, que contradice los principios que deben regir el tratamiento de los asuntos de derechos humanos, recogidos en la Declaración y Programa de Acción de Viena".

Dice que la visión distorsionada se debe a las debilidades que se presentan en la metodología usada para elaborar el informe y señalan que en el documento "se privilegian excesivamente las fuentes carentes de objetividad y se excluye casi en su totalidad la información oficial".

Incluso, el gobierno en disputa señala que se omiten los pronunciamientos de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos en relación con la situación de Venezuela y enfatiza en que "es especialmente preocupante que el 82% de las entrevistas utilizadas por la OACNUDH para fundamentar su informe se correspondan con personas ubicadas fuera del territorio de la República Bolivariana de Venezuela".

Por otro lado, dice que le informe no resalta los logros alcanzados por el gobierno en disputa, no es "objetivo e imparcial" y además critica algunos detalles puntuales como que el informe afirma que "miembros del Gobierno habrían reconocido ciertos aspectos de la “crisis humanitaria". Esta afirmación resulta errada pues ninguna autoridad ha reconocido la existencia de una “crisis humanitaria” en Venezuela".

Y reiteró la inversión que ha hecho la administración de Maduro para abastecer recursos públicos, de alimentación, de salud, entre otros.

También alega que la comunidad indígena Pemón decidió "no participar en el proceso de recepción de la supuesta ayuda humanitaria y mantienen relaciones de diálogo constructivo con las instituciones del Estado".

Además, se refieren al número errado de venezolanos que habrían abandonado el país: "la cifra aportada resulta errada y exagerada, tal como se lo ha hecho saber el Gobierno venezolano a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional de Migraciones".

Otras reacciones

A pesar de la opinión del gobierno, sociedad civil y organizaciones no gubernamentales recibieron positivamente el informe de Bachelet.

Gonzalo Himiob Santomé, director vicepresidente de la ONG Foro Penal, calificó el informe como un “hito histórico” que servirá “en su momento”
para hacer justicia.

"Es la expresión más válida que puede existir en el planeta sobre lo que es la realidad de lo que está pasando en Venezuela", afirmó Himiob.

Expuso que es el Consejo de Derechos Humanos de la ONU quien decirá como actuar tras la situación presentada en el informe de Bachelet.

Aseguró que el informe "satisface, llena, no solo del Foro Penal, lo hemos conversado con otras ONGs, si no de otras ONGs, que se dieron la tarea también de registrar poco a poco y paso a paso de lo que venía pasado".

El cardenal venezolano, Baltazar Porras, también advirtió que el informe de la Alta Comisionada de DDHH de la ONU revela que situación del país es “insostenible”.

“Las informaciones que ha recogido nadie puede decir que ha sido manipulada o que si está respondiendo a los intereses de un grupo o de otro. Creo que está respondiendo a los intereses de toda la población venezolana”, aseguró Porras en declaraciones recogidas por la Voz de América.

Indicó que con un informe con el peso como el de la comisionada, no se puede quedar “simplemente allí en el papel”.

Por su parte la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida, Codevida, asegura que el resumen del informe confirma violaciones al derecho a la alimentación, incluida la obligación del Estado para garantizar que la población no padezca hambre.

Para Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la nación sudamericana en el exilio, el informe “desnuda a la tiranía ante el mundo. Es un régimen que viola sistemáticamente los DDHH, utiliza las instituciones para perseguir a los ciudadanos”.

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